Despedida una empleada del hogar sin papeles en Vizcaya por faltar al trabajo tras someterse a una operación

Cuando esto no ocurre, se generan situaciones problemáticas y dificultades en las que suelen ocasionarse enfrentamientos o disputas entre la persona contratada y la que contrata, algo más común de lo que debería en nuestro país, sobre todo con sectores como el de la hostelería, la agricultura o los cuidados.

Esta es la problemática que se ha dado cuando una trabajadora del hogar, de origen guatemalteco, fue despedida en Vizcaya mientras se estaba recuperando de una operación de apendicitis y, tras acudir a los tribunales, ha conseguido que la justicia le dé la razón en dos ocasiones.

La mujer, sin papeles, trabajaba como empleada interna en casa de una mujer, donde cuidaba de la madre de esta. Aunque tenía un contrato indefinido firmado desde diciembre de 2022, su empleadora nunca la dio de alta en la Seguridad Social.

Según indica 'El Correo', en octubre de 2024 la trabajadora tuvo que ser ingresada y operada de urgencia por una apendicitis el día 3. Cuatro días después recibió el alta hospitalaria, pero el día 11 tuvo que acudir de nuevo al médico para que le quitasen los puntos de la operación. Fue en esa visita al médico, cuando todavía se estaba recuperando y tras justificar su ausencia, cuando la mujer que la tenía contratada decidió dejar de contar con sus servicios.

La comunicación del despido se produjo por WhatsApp, tal como cuenta el medio citado, mediante un mensaje en el que la jefa reconocía que «no podía más» con la situación y que tenía que hacerse cargo ella misma de su madre, por lo que la única solución, según sus palabras, era terminar la relación laboral y despedir a la trabajadora.

Con esta situación, la empleada decidió acudir a los tribunales y el caso llegó al Juzgado de lo Social número 12 de Bilbao. Allí, en febrero de este año, el juez consideró que el despido era nulo, es decir, que no tenía validez legal porque suponía una discriminación y una vulneración de derechos.

Como consecuencia, se condenó a la empleadora a pagarle 2.751 euros en concepto de indemnización, calculada a razón de 43,50 euros por cada uno de los 63 días sin trabajar, y otros 5.655 euros en salarios de tramitación, es decir, lo que la trabajadora dejó de ganar durante el tiempo que duró el proceso. No obstante, esa primera sentencia no aceptó la petición de la empleada de recibir también 7.000 euros por daños morales.

Al no estar de acuerdo con esa última negativa, la mujer afectada interpuso un recurso y su caso pasó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según el citado medio, este tribunal no solo ratificó que el despido era nulo, sino que además reconoció que se había vulnerado un derecho fundamental: el derecho a la integridad física y moral.

Los jueces explicaron que la empleada había sido despedida únicamente porque en ese momento estaba enferma y no podía trabajar tras una operación quirúrgica, lo cual suponía un trato injusto y atentaba contra su dignidad. En consecuencia, le concedieron la indemnización de 7.000 euros para reparar el daño moral causado. La sala estaba formada por tres jueces y, aunque uno de ellos no estaba de acuerdo con la cantidad fijada, la mayoría decidió mantener la compensación.