Lealtad a prueba de Supremo

La forma en la que García Ortiz ha llevado a cabo la ejecución de la primera de esas sentencias, la de la jefatura de la Fiscalía Togada del Supremo, no ha convencido, hasta el punto de que uno de los aspirantes a esa plaza, Luis Rueda, quien obtuvo la mayoría de los votos en aquel Consejo Fiscal en el que se enfrentó a Delgado, ha vuelto a dirigirse a la Sala Tercera planteando serias dudas con la forma de proceder del fiscal general. En el último Consejo Fiscal, al no querer optar por Rueda, García Ortiz obligó a que se llevara a cabo una nueva votación en la que los vocales de la Asociación de Fiscales se negaron a participar y en la que acabó proponiendo a la fiscal de La Manada, Isabel Rodríguez, sin especialización en la jurisdicción militar y sin ningún respaldo en la anterior votación. Eso sí, era más afín a García Ortiz y al propósito que éste comparte con su antecesora de fomentar la presencia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en la cúpula de la institución.

No parece que las cosas pinten mejor respecto a la ejecución de la sentencia del Supremo que anuló el segundo nombramiento de Delgado y sobre cuyo fallo la ex fiscal general no se vio concernida, a juzgar por su asistencia a la Junta de Fiscales de Sala el pasado martes, en la que, por la mínima, y en buena parte gracias a su voto, salió adelante el criterio de García Ortiz respecto a la aplicación total de la ley de Amnistía.

La Sala Tercera del Alto Tribunal ordenó recientemente retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal analizara la posible causa de prohibición en la que incurriría Delgado al frente de Memoria Democrática, pues las actividades que despliega su marido, Baltasar Garzón, en la fundación que lleva su nombre, son muy similares. Ante el adelanto electoral anunciado por Sánchez el pasado año, y ante el riesgo de que se frustrara este nombramiento, García Ortiz adelantó el Consejo Fiscal y hurtó a los vocales que lo pidieron de la facultad de valorar esa posible incompatibilidad.

El problema que se denuncia ahora son de nuevo las prisas en la Fiscalía General por volver a nombrar a Delgado sin solución de continuidad, como si la anulación del Supremo no hubiera existido, de forma que cuando el Consejo de Ministros ejecute la sentencia, ella siga ahí, ya de forma «legal», siempre y cuando supere ese examen de compatibilidad por parte de los vocales.

Sin embargo, como advierte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien ganó este segundo recurso contra el nombramiento de Delgado, no es así como hay que cumplir la sentencia: para reunir al Consejo Fiscal el decreto tiene que estar ya anulado y eso exige la intervención previa del Consejo de Ministros. Después, dicen, los candidatos tienen que someterse a una votación, pues más de medio Consejo Fiscal, «enervado por la ilegalidad que se cometió», se negó en aquella ocasión a participar en ella.

Así se lo ha hecho saber la APIF a la jefa de Inspección de la Fiscalía, María Antonia Sanz Gaite, nombrada por Delgado, después de que ésta se pusiera en contacto con la asociación para pedirle que le adelante las alegaciones relacionadas con la posible incompatibilidad de Delgado con vistas a ese nuevo Consejo Fiscal. La APIF le ha recordado que no hay una relación de jerarquía entre su cargo y la asociación y le ha emplazado a que diga si actúa por orden del fiscal general o de la propia Delgado. Una vez más la polémica está servida.