García Ortiz logra el aval para la amnistía total con su voto y el polémico de Dolores Delgado

Hace apenas unas semanas la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló también el segundo nombramiento de la ex fiscal general (en Memoria Democrática) y, aunque no se ha ejecutado todavía, fuentes fiscales han visto «cuestionable y poco estética» su presencia en ese «intento a la desesperada» de conseguir un respaldo que afiance la postura de García Ortiz, su sucesor y amigo, que está en su momento más crítico.

De forma casi unánime, los representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han devuelto a García Ortiz y a su antecesora la generosidad que ambos han mostrado con esta asociación en sus políticas de nombramientos.

Como publicó ABC este martes, en los últimos cuatro años han promocionado sistemáticamente el ascenso de fiscales de la UPF a la cúpula del Ministerio Público, hasta el punto de que 13 de los 18 miembros de esta asociación en la Junta han sido nombrados por ellos en detrimento de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y de los dos tercios de la carrera que no están afiliados.

Alguno de los vocales de la AF, como el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien mantiene una estrecha relación de amistad con Delgado —quien a su vez le reeligió para un segundo mandato siendo ella fiscal general— también les respondió con lealtad, como hizo en la Junta de Fiscales que debatió la admisión de la querella del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No fue el único voto de la AF: también ha apoyado al fiscal general José Ramón Noreña, a punto de jubilarse.

En sentido contrario, la ex fiscal general del Estado María José Segarra, muy activa en el pasado en la UPF, defendió la postura de los fiscales del 'procés' y votó a favor de la exclusión de la malversación en la aplicación de la ley. También lo hizo el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón (no asociado), sosteniendo, como sus colegas del Supremo, que la malversación que cometieron los líderes del 'procés' no puede ser borrada porque hubo enriquecimiento personal con ese desvío de fondos públicos a la consulta del 1-O.

Y es a este debate jurídico al que ha ceñido García Ortiz las intervenciones: exclusivamente a dilucidar si la ley de Amnistía es aplicable a la malversación cometida por los condenados y procesados del 1-O; a si los hechos que relata la sentencia de la Sala Segunda del Supremo provocaron un «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» o no. En ese contexto, enmarcado sólo en la respuesta de la Fiscalía al juez Llarena y a la Sala Segunda en el trámite de informes, García Ortiz no permitió que se hablara de la constitucionalidad de la ley —a la que el informe de su Secretaría Técnica dedica una extensión muy llamativa— ni de las cuestiones prejudiciales. Tanto es así que en el reparto de asuntos en sus intervenciones de este martes, los cuatro fiscales del 'procés' (Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza) se vieron obligados a reducir sus respectivas alocuciones al restringirles cualquier manifestación en este sentido.

No ha habido reproches hacia el informe de los cuatro fiscales, que gozan del respeto de la carrera. El fiscal general del Estado ya se despachó a gusto en el informe que acompañó a su decreto del viernes, en el que les acusó de realizar valoraciones políticas en un informe que tendría que haber sido estrictamente jurídico. Lo cierto es que fuentes fiscales recuerdan que el «profundo alineamiento» de García Ortiz en su informe con las tesis del Gobierno, incluidas las «continuas alusiones a la voluntad del legislador, dejan cortas» a las de los fiscales.

Algún representante de la Junta, en concreto Pilar Barrero, de la UPF, sí puso de manifiesto su malestar por que el borrador de los fiscales se filtrara a la prensa, sacando a la luz el enfrentamiento en la Fiscalía y dañando la imagen de neutralidad que debe presidir la institución.

Un García Ortiz visiblemente nervioso, algo en lo que coinciden varios de los asistentes a la Junta, cerró la veintena de intervenciones de sus subordinados sin defender oralmente su criterio -otros lo habían hecho por él en su correspondiente turno de palabra- y limitándose a decir que, tras haber solicitado su relevo los cuatro fiscales del 'procés', encomendaba el nuevo informe a su número dos, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde —la misma que salió al rescate con el caso Tsunami y quien se llevó el rapapolvo de la Sala Segunda por negar el terrorismo— y al jefe de la Sección Penal del Supremo Joaquín Sánchez-Covisa, quien se jubila en los próximos días.

Tendrán que hacerlo contra el reloj, pues, salvo petición de ampliación, este miércoles vence el plazo de cinco días que Llarena y la Sala Segunda dieron a las partes para informar sobre la aplicación de la ley. Previsiblemente ambos suscriban el texto que ya está elaborado por la Secretaría Técnica sin mayores modificaciones, señalan fuentes del Ministerio Público.