Montero incumplió el programa de Podemos con la ley del 'solo sí es sí'

La formación morada viene utilizando la participación ciudadana como una de las líneas maestras de su «proyecto de país» desde que irrumpió en la política nacional. En su primer compendio de promesas, el llamado 'programa del cambio' (año 2015), Unidas Podemos le dedicó un apartado completo. «Se llevarán a cabo las reformas necesarias en las instituciones públicas para dar un salto cualitativo en materia de participación ciudadana y de transparencia», comprometió. «Queremos unas instituciones permeables a la participación, que avancen de la mano del sentir y del calor de la gente: en suma, unas instituciones profundamente democráticas, donde no haya puntos muertos para los ojos de la ciudadanía, porque el cambio significa dotarnos de la mayor democracia posible», abundó.

Ante la repetición electoral de 2016, Unidas Podemos volvió a hacer de esta cuestión una de sus banderas. «Resulta fundamental la mejora del marco democrático actual para fomentar la participación ciudadana en la actividad política», rezaba su programa. «Para ello impulsaremos un conjunto de reformas que se podrán llevar a cabo mediante políticas públicas, nueva legislación o bien desde el fortalecimiento de mecanismos como la iniciativa legislativa popular o el referéndum».

Y lo mismo volvió a suceder ante las elecciones de 2019. En ese programa, Unidas Podemos señaló que todo lo prometido en 2016 seguía «vigente» y dibujó el aumento de la participación ciudadana como una de sus «medidas fundamentales», considerándola uno de los «temas que afectan a la vida de la gente en España».

Entre sus promesas, la de «constitucionalizar de verdad la soberanía popular y garantizarla». Algo que Unidas Podemos pretendía llevar a cabo con una nueva regulación «que normalice las consultas cuando se trate de asuntos muy relevantes», y abra «nuevos espacios participativos, como la deliberación ciudadana en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas». Más aún, la formación morada prometía que esa reforma permitiría incluso «abrir los presupuestos participativos del Estado, la participación en los procesos legislativos en las Cortes Generales o una mayor presencia de consultas populares».

A pesar de todo ello, cuando llegó el momento de redactar su primera ley, Irene Montero no fomentó la participación ciudadana más allá del marco legal establecido que tanto criticaba antes por parco, sino que la recortó al eludir la consulta pública previa.

Este trámite es una de las dos vías más importantes que tiene la población para participar en el proceso legislativo, ya que recoge su opinión sobre una ley antes de que se redacte. Cuatro son las áreas que los ciudadanos deben examinar en esta fase: los problemas que el Gobierno pretende solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos que persigue y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La consulta pública viene obligada porla Ley del Gobierno y el Consejo de Estado ha considerado que es un trámite «esencial para la participación ciudadana en la orientación de las iniciativas normativas» del Ejecutivo. Tanto Pablo Iglesias como Ione Belarra, los otros dos cargos de Podemos en el Consejo de Ministros, entendieron su importancia y lo respetaron en sus respectivas leyes. El primero en su texto de Protección de la Infancia y la Adolescencia, el único que puso en marcha cuando fue vicepresidente, y la segunda en sus proyectos de maltrato animal y bienestar de los animales.

La segunda herramienta de participación ciudadana es la audiencia pública, que se celebra cuando un proyecto ya ha sido redactado para recabar las alegaciones de los ciudadanos cuyos derechos e intereses legítimos resulten. Tanto la fase de audiencia como la consulta pública son obligatorias. La ley del Procedimiento Administrativo estipula, además, que deben celebrarse «de forma que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión». Para ello, al convocar la consulta pública, Montero debía haber puesto a disposición de los ciudadanos «los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia». Algo que no sucedió.

Así, la ministra de Igualdad sometió la ley del 'solo sí es sí' a la fase de audiencia pero no a la de consulta. Para ello, alegó que concurría «una razón grave de interés público, como es la necesidad imperiosa y acuciante de garantizar la seguridad y la libertad sexual de las mujeres». Este hecho fue afeado con dureza por el Consejo de Estado porque, en contra de lo que exige la Ley del Gobierno, Montero no justificó su alegato.

El órgano consultivo señaló que la necesidad de abordar la protección integral de las mujeres no justifica la supresión de la consulta pública. Además de «censurar la gravedad» de la omisión, advirtió de que «algunos de los defectos» del anteproyecto, «podrían haberse evitado o mitigado con una tramitación correcta».