Irene Montero se saltó la consulta pública de ley del 'sí es sí' pese a estar obligada a realizarla

La consulta pública permite recabar la opinión de los ciudadanos antes de que una ley se elabore. Según Igualdad, no era necesario someter el anteproyecto a este trámite porque concurría «una razón grave de interés público, como es la necesidad imperiosa y acuciante de garantizar la seguridad y la libertad sexual de las mujeres». Un argumento apoyado en las recomendaciones que recibió nuestro país por parte de Naciones Unidas (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y del Grupo de Expertos para el seguimiento del Convenio de Estambul. El primero advirtió de la necesidad de ampliar el marco normativo para abordar de forma integral la violencia contra las mujeres, y el segundo subrayó que nuestro país estaba dedicando grandes esfuerzos a luchar contra la violencia dentro de las parejas, y estaba dejando en un segundo plano la violencia sexual.

Sin embargo, ni los consejos de estos organismos internacionales ni siquiera los datos de agresiones sexuales permiten saltarse la consulta pública, aunque el texto se someta después a audiencia pública -recabar las alegaciones de los afectados una vez que el texto ha sido redactado-.

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La Ley del Gobierno (artículo 26 y artículo 27) establece que la consulta pública es obligatoria y que solo puede eludirse en cuatro tasados supuestos, siendo uno de ellos que concurran «razones graves de interés público que lo justifiquen». Pero, según destacan letrados del Estado, si un ministerio se acoge a este supuesto debe justificar de qué manera esas razones de interés público le obligan a eludir la consulta. Algo que no hizo la cartera que encabeza Irene Montero. «Las alegaciones de Igualdad son insuficientes», subrayan los citados letrados consultados. «No justifican la omisión de la consulta pública», abundan.

La ley del 'solo sí es sí' tampoco encaja en ninguno de los otros tres supuestos señalados en la Ley del Gobierno como coartadas para evadir la consulta. El primero de ellos es que se trate de «normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas»; el segundo que «la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia», y el tercero que exista «urgencia» para la aprobación de la ley.

Respecto a todo ello, el texto nunca ha tenido carácter presupuestario o meramente organizativo, e Igualdad no había declarado su urgencia cuando le tocaba convocar la consulta pública (al inicio de la tramitación). Irene Montero declaró urgencia más adelante cuando quiso acelerar los informes de los órganos consultivos.

En cuanto al tercer supuesto, el de que una ley carezca de obligaciones relevantes hacia los destinatarios, no puede aplicarse al texto del 'solo sí es sí' porque impone deberes importantes a varios colectivos como las empresas y las universidades. A las primeras las ha obligado a pactar nuevos protocolos anti-acoso con los sindicatos para promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos sexuales, arbitrar procedimientos de prevención, elaborar códigos de buenas prácticas, o incluir la violencia sexual en la valoración de riesgos laborales de sus empleadas. En cuanto a las universidades, la ley del 'solo sí es sí' les ha obligado a establecer «un itinerario formativo» en materia de prevención de las violencias machistas que debe ser «evaluable y acreditable» e incluirse dentro de los planes de estudios universitarios oficiales «en los que resulte coherente».

Letrados del Estado consultados por ABC apuntan que si el Ministerio de Igualdad hubiera tramitado la ley de forma correcta», «buscando más garantizar su acierto y legalidad» y sin «regatear garantías», quizás se hubieran evitado los errores que se han detectado en el contenido final del texto. Errores como los que están permitiendo ahora la excarcelación de agresores sexuales y que han desatado un gran polémica política.