El PP pide a Montero los informes del 'sí es sí' «escamoteados» al Congreso

«La ley del 'solo sí es sí' ha tenido una tramitación defectuosa para escamotear información a los órganos consultivos y a los diputados», señalaba ayer González Vázquez refiriéndose tanto a la citada información hurtada a los diputados como a la no celebración de consulta pública antes de la redacción del texto. «No nos sorprende nada de lo que se está conociendo» señala esta política gallega. «Desde el principio de la legislatura estamos advirtiendo de que Irene Montero se ha rodeado de un equipo que no tiene ni la experiencia ni los conocimientos. Lo que ha sucedido con la ley del 'solo sí es sí' certifica que están gobernando con imprevisión, desconocimiento e ineptitud», remacha.

Entre los informes que fueron emitidos y cuyo contenido desconocen los diputados se encuentran los de los ministerios, comunidades autónomas y distintas organizaciones sociales. Tras la reclamación del PP, el Gobierno cuenta con un máximo de treinta días para «facilitar la documentación solicitada». Si se niega a ello debe justificarlo amparándose en «razones fundadas en derecho». Es la Constitución la que establece esta obligación para garantizar un adecuado ejercicio de la función de control.

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El análisis de la información que Igualdad ocultó a la Cámara puede servir para una futura reforma de la misma, y para aumentar la transparencia sobre su tramitación. En concreto, respecto a qué más advertencias recibió Igualdad además de las ya conocidas del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Al respecto, Martínez Vázquez cree que el Gobierno «escamoteó» información relevante al Congreso porque «muy posiblemente recoja avisos» que fueron ignorados por la ministra de Igualdad y su equipo.

Desde el punto procedimental, al hurto de información se une la citada ausencia de consulta pública denunciada por ABC y negada por Igualdad con ataques a este periódico. Al respecto, fuentes del PNV consideraron ayer «una evidencia que se eludió la consulta pública». No obstante, también destacaron que el Consejo de Estado «consideró que la tramitación respetó las exigencias mínimas», como también recogía ABC ayer. Respecto a la rebaja de las condenas que está teniendo lugar tras la entrada en vigor del texto, el grupo vasco se posiciona del lado de Irene Montero: «Este proyecto de ley pasó por el Consejo de Ministros, con las garantías que eso supone en términos jurídicos, y no se contempló a lo largo de su tramitación que pudiera tener las consecuencias que ahora estamos conociendo».