La promesa de mayor participación ciudadana en los ayuntamientos 'del cambio' bajo mínimos

En Barcelona, la participación ciudadana fue uno de los ámbitos con los que la regidora de la Ciudad Condal, Ada Colau, quería revolucionar la política tradicional cuando llegó a la alcaldía en mayo de 2015. La líder de los comunes impulsó durante su primer mandato un reglamento para promover consultas populares de temática municipal, que fue aprobado en 2017.

Con ello, la alcaldesa quería llevar a consulta cuestiones que, entre otros requisitos, llegaran al ayuntamiento con 15.000 firmas populares. Pasaron los trámites dos peticiones populares relacionadas con la municipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López (conocido como Marqués de Comillas y que Colau acabó borrando hace poco por considerarlo un esclavista). La popularizada como «multiconsulta» estaba más cerca. La oposición y algunos sectores, que cuestionaron jurídicamente el proceso, pusieron trabas a la gran promesa electoral de Colau hasta que, en noviembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó el reglamento, en uno de los varapalos judiciales más duros que se le recuerda a Colau.

Noticia Relacionada

Podemos apunta al Ministerio de Justicia en la ley del 'solo sí es sí': «Tenía una responsabilidad especial en las penas»

Gregoria Caro

Serra denuncia una «campaña» contra Igualdad e Irene Montero basada en «desinformación y bulos»

Con esta derrota sobre la mesa, ya en el presente mandato la alcaldesa reformuló el reglamento con nuevas condiciones. A la práctica, sin embargo, las consultas tienen más dificultades, ya que requieren de 88.709 firmas previas, una cifra para tratar de cumplir con los requisitos de la ley autonómica de Consultas, además de un mayor apoyo del plenario municipal para poner las urnas. Por si esto fuera poco, la proximidad con las elecciones municipales de mayo de 2023 impide, por ahora, la activación de una nueva consulta.

Los presupuestos participativos, otro de los planes estrella de Colau en este campo, sí que se han podido promover, aunque también con dificultades y con dudas que siguen sobre la mesa. Incluso su socio de gobierno, el PSC, ha cuestionado recientemente si son justos con todos los barrios de la ciudad y apuestan por una reformulación de sus condiciones técnicas.

En la Comunidad Valenciana, por su parte, los primeros presupuestos participativos del Gobierno de Ximo Puig no han contado con el apoyo y la aceptación que esperaba el tripartito formado por PSOE, Compromís y Podemos. Según datos oficiales, se repartieron 100 millones de euros -de los 125 previstos- entre 96 proyectos elegidos y propuestos por los ciudadanos, de los cuales apenas nueve contaron con más de un millar de votos. En otras cifras, en la elección de las iniciativas tan solo participaron 26.648 personas, lo que supone un porcentaje inferior al 0,5% de los habitantes que viven en la comunidad. De hecho, el fracaso de la iniciativa ha obligado a la Generalitat a reducir la cantidad de dinero público dedicado a estas iniciativas populares hasta los 34 millones de euros para 2023.

Todo un fiasco inesperado que se ha repetido a nivel local, donde la participación de los ciudadanos en los presupuestos públicos se erigió como el proyecto estrella de Compromís de Joan Ribó, alcalde de Valencia. La baja participación en dichas partidas ha suscitado un aluvión de críticas de la oposición y quejas de algunos barrios de la capital del Turia por haber desatendido a sus demandas. Hasta quince distritos no van a recibir ninguna inversión de las cuentas del ayuntamiento, cuya ejecución no ha superado el 50% en sus últimas dos ediciones, según denuncia el Partido Popular.

En Madrid, los primeros presupuestos participativos de la capital nacieron en 2016 con una partida de 60 millones de euros. Era una de las medidas estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, que se había presentado a las elecciones con Ahora Madrid, partido instrumental surgido del acuerdo entre Podemos y Ganemos Madrid -plataforma inspirada en Guanyen Barcelona- que aglutinó otras candidaturas de izquierdas. La primera edición fracasó: solo votó el 1,68% de los empadronados (unas 45.000 personas) y apenas se invirtieron 4,3 millones de euros en poco más de 200 de las 5.000 propuestas recibidas. Aún así, Carmena afirmó que su iniciativa estaba «haciendo historia» y, en 2017, incrementó la partida hasta los 100 millones. Finalmente, se ejecutó un millón. Entre 2016 y 2019, los planes sin hacer se acumularon y el resultado, tras cuatro convocatorias anuales, fueron 998 de los 1.124 proyectos aprobados guardados en un cajón, el 82% del total.

Cuando el equipo de José Luis Martínez-Almeida tomó el mando se encontró con esta bola de nieve «inasumible» y «proyectos no viables», explican fuentes municipales. El ayuntamiento de Almeida asegura haber mejorado este proceso y la iniciativa continúa, con una partida de 50 millones a ejecutar en 2023.