Moncloa personifica en el juez Peinado el 'lawfare' para desacreditar su investigación

La frustración que genera el avance de la instrucción, y que puede acabar abocando a Gómez a un juicio con jurado popular por malversación, ha obligado a recalcular la estrategia y recalibrar el impacto que los efectos de la investigación pueden tener para el Gobierno. En este ejercicio de control de daños, desde el Ejecutivo han desplegado una hoja de ruta que pasa por instrumentalizar la propia investigación para sus concretos intereses, dirigidos a alentar las tesis del 'lawfare' y promover un cuestionamiento global de la causa, que invisibilice los avances reales que cercan a la mujer del presidente del Gobierno.

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC insisten en que «si algo demuestran los últimos movimientos de Peinado es su intención de humillar públicamente a la mujer del presidente». En el Gobierno consideran que este tipo de acciones validan su discurso sobre la existencia de una campaña de «acoso» a la que se está sometiendo al presidente del Gobierno, a través de personas de su entorno. En Moncloa han pasado de atacar algunas decisiones del instructor a blandirlas para victimizarse, alimentando el relato de que «hay jueces que hacen política» y, de este modo, tratar de desactivar toda la causa. El objetivo es, por tanto, neutralizar cualquier otro extremo de la investigación que pueda estar fundamentado y que genere un perjuicio real sobre el presidente del Gobierno. La máxima es clara: todo es 'lawfare' incluso lo que no lo es.

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Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado parte de la investigación de Peinado y que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha constatado en las últimas horas que la asistente de Gómez en Moncloa participó en las tareas de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Estos indicios en la investigación son los que se quiere invisibilizar desde el Gobierno, alimentando la caricatura del magistrado. «El que crea que lo del sábado no es 'lawfare'... que baje Dios y lo vea», señalan en el entorno de Sánchez, apuntalando su relato de los hechos.

En Moncloa aprecian la clara intención de Peinado de llevar a Gómez a juicio. «La quiere en el banquillo. No va a cejar en su empeño», resuelven las fuentes consultadas por este diario, para reafirmar inmediatamente su «confianza en las instancias superiores», esto es, en la Audiencia Provincial, que es quien tiene todavía pendiente pronunciarse sobre los, hasta ocho recursos, que quedan vivos en la causa. No obstante, en el Ejecutivo también recuerdan que fue, precisamente, la Audiencia quien le señaló el camino de la malversación a Peinado.

«No hace falta ni demostrar el 'lawfare' porque se ve a la legua que [Peinado] hace cosas difíciles de explicar», aseguran las citadas fuentes. Sin embargo, en el Ejecutivo también hay voces que se resisten a esta instrumentalización a la desesperada de la instrucción de Peinado. «Nos vemos beneficiados de esta sensación de acoso –reconocen–, pero después de vernos maltratados», se quejan, para apuntar: «No queremos demostrar el 'lawfare', queremos que no exista».

El cuestionamiento global de la causa viene acompañado por un cambio de actitud también en los juzgados. La decisión de Begoña Gómez de no acudir a la vistilla del sábado se gestó tras «sopesarlo muy bien», aseguran a este diario. Las fuentes de su entorno consultadas reconocen que fue un movimiento «arriesgado», porque se exponían al reproche general y al del propio Peinado. «No queremos desairar al tribunal, ni que se instale esa sensación, pero ir para nada, para verle la cara al juez, no parecía justo. Realmente ir es tu derecho y si no quieres...», se justifican.

Es más, reconocen que esperaban una reacción airada por parte del instructor ante el 'plantón'. «Nos esperábamos que suspendiera la vista, que la acusara de desacato... Nos ha sorprendido. Una vez más», señalan con cierta ironía. Y esto, porque en Moncloa sí hay voces que reconocen que esta cuestión pasará factura, porque traslada una sensación de corrupción generalizada en el entorno del presidente del Gobierno, que mina su credibilidad –llegó al poder a lomos de una moción de censura, precisamente, contra la corrupción– y que proyecta el tan temido mantra de «todos son iguales», una apuesta por la antipolítica letal para un Gobierno sin mayoría en el Congreso y con causas en el juzgado.