EDITORIAL
Corrupción en La Moncloa
El presidente del Gobierno es el telón de fondo de la 'consultora' montada en La Moncloa por su esposa para sus negocios particulares y gestionada por una empleada pública
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Iniciar sesiónLos últimos avances en las investigaciones judiciales que afectan a Begoña Gómez ofrecen nuevos indicios que confirman las sospechas sobre su participación en delitos de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias. Un informe de la Intervención General de la Administración del ... Estado, redactado a instancia de la Fiscalía Europea, ha detectado numerosas irregularidades en contratos públicos adjudicados al grupo de empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario a cuyo favor firmó Gómez diversas cartas de recomendación. Estos avales de la esposa del presidente debieron de ser muy eficaces, porque, como constató la Audiencia de Madrid, coinciden temporalmente con la adjudicación de esos contratos públicos. Ahora, la Intervención General ratifica esa impresión y detalla, como una irregularidad notoria, que el comité responsable de las adjudicaciones concedió a las valoraciones subjetivas –por tanto, discrecionales– un porcentaje superior al previsto en las bases de la contratación, dato que puede explicarse por tan cualificadas recomendaciones, calificadas por el informe como «cartas de apoyo». Los juicios de la Intervención no pueden ser más negativos sobre el proceder de Red.es, la empresa pública adjudicataria de los contratos, señalada por arbitrariedad, falta de transparencia y decisiones por funcionarios sin competencia. Estos indicios dibujan un cuadro de ilegalidad administrativa –como mínimo– descrita por un organismo del Ministerio de Hacienda, no por una asociación ultraderechista, ni un seudomedio. El argumentario descalificador del Gobierno para proteger al matrimonio Sánchez-Gómez queda hecho añicos ante un informe que aboca a unas consecuencias penales previsibles, a cargo de la Fiscalía Europea, que interviene en la investigación por fraude de fondos europeos, y del juez Peinado, por tráfico de influencias.
Por otro lado, la UCO de la Guardia Civil ha confirmado lo que Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense, afirmó ante el juez: que la asistenta personal de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, había mantenido una larga actividad epistolar –más de cien correos electrónicos– con esa universidad para gestionar los negocios privados de la esposa del presidente. Los tribunales penales decidirán si este comportamiento es o no un delito de malversación de fondos públicos por el uso en beneficio propio de recursos oficiales. Pero lo que se conoció ayer en el informe de la UCO es inmoral e intolerable. La asistenta de Gómez no le hizo un favor ocasional sino que participó de forma activa, protagonista y constante en la negociación de convenios, asumiendo la representación de Gómez, pactando condiciones, intercambiando documentos y concretando decisiones sobre financiación, todo en beneficio exclusivo de Begoña Gómez. Es imposible que todo esa voluminosa actividad a favor de la esposa de Sánchez escapara al conocimiento de los superiores jerárquicos de Cristina Álvarez y que esta no fuera consciente de que su tiempo, pagado con dinero público, estaba al servicio de un negocio privado. Y el presidente del Gobierno es el telón de fondo de la 'consultora' montada en La Moncloa por su esposa y gestionada por una empleada pública.
La responsabilidad política rodea a Sánchez sin más alternativa que su empecinamiento en permanecer en un poder que no ya ejerce, sino que detenta, en el peor sentido del término. No hay legitimidad en conservar un poder que solo sirve de parapeto para eludir las consecuencias de ser un presidente cuyos entornos inmediatos –su familia, 'su' fiscal general– están sentándose en el banquillo de los acusados o camino de ellos.
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