Visita sorpresa de Ayuso a San Fernando para prometer a los vecinos 120 millones en inversiones
Las indemnizaciones se prevén en 12 millones de euros para los 76 expedientes de responsabilidad patrimonial abiertos ahora
La Plataforma de Afectados protesta porque Ayuso llegó «sin avisar a nadie» y la acusan de reunirse «supuestamente con 'afectados' que casualmente son afiliados al PP o simpatizantes»
Madrid
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Iniciar sesiónLa segunda visita de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a San Fernando de Henares, para hablar con los vecinos cuyas viviendas se han visto dañadas por los movimientos de terreno en la línea 7B del Metro, fue por sorpresa, «sin aviso previo», según ... la Plataforma de Afectados. Y la jefa del Ejecutivo madrileño llegó con 120 millones de euros bajo el brazo: este fue el anuncio de inversiones que van a acometerse en la zona, incluidos los 12 millones en que valoran las indemnizaciones por los 76 expedientes patrimoniales iniciados a día de hoy.
Tras muchos años de protestas -los problemas en sus viviendas se iniciaron tras la inauguración del Metro, en el año 2007-, los vecinos recibieron el 13 de octubre a la presidenta Díaz Ayuso entre pitidos. Sus casas se caían, muchos se habían visto obligado a abandonarlas y esperaban aún la resolución de su problema para retomar la normalidad perdida.
Ayuso ya apuntó entonces la apertura de una Oficina de Atención para ayudarles en los complejos trámites administrativos de sus indemnizaciones, además de otras inversiones: 10 millones en consolidación de tierra, o un nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales, entre ellas.
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Carlota BarcalaLos vecinos reciben, por primera vez, a la presidenta regional tras haber perdido sus viviendas a causa de las obras del suburbano inaugurado en 2007
Ahora, en su vuelta a la 'zona cero', Díaz Ayuso ha asegurado que la prioridad de su Gobierno es «la seguridad y el bienestar de las familias afectadas», y por eso les ha anunciado más de 120 millones de euros para actuaciones integrales.
Por un lado, ha explicado que el complejo de El Pilar será derribado, y toda la zona dañada se convertirá en una amplia superficie verde con instalaciones deportivas y jardines. Por otro, ha insistido en los trabajos, ya en marcha, de consolidación en torno a las calles Presa, Ventura Argumosa, Nazario Calonge y Rafael Alberti.
También se abrirán expedientes para compensar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, por los daños que se habían causado en calles, aceras y otros elementos públicos.
Inversiones
La Consejería de Transportes tiene previstas acciones por algo más de 75 millones de euros, entre las que se encuentran la redacción y ejecución de proyectos para la estabilización e impermeabilización del terreno, y mejoras de drenaje y consolidación del suelo en varias estaciones de Metro afectadas -por más de 40 millones de euros-, algo más de 12 millones de euros en actuaciones en viviendas afectadas y gastos de alojamiento, manutención, suministros, locomoción y mudanzas de los vecinos, además de una cantidad similar para las indemnizaciones. Los expedientes abiertos son 76, aunque en la Consejería explican que no todos se corresponden con viviendas dañadas, sino que varios son de garajes o de locales comerciales.
Otros 42 millones de euros serán para actuaciones del Canal de Isabel II en la zona. Metro invertirá 2,5 millones en obras de mantenimiento y en el servicio alternativo de transporte que se mantenga mientras la línea esté sin servicio.
Soluciones con «los agentes sociales»
La reunión la mantuvo la presidenta Díaz Ayuso y su consejero de Transportes, David Pérez, en la Oficina de Información de San Fernando de Henares, con vecinos afectados. Pero la Plataforma de Afectados por el Metro 7B se ha mostrado indignada porque la presidenta madrileña acudiera «sin avisar a nadie» y por reunirse «supuestamente con 'afectados' que casualmente son afiliados del Partido Popular o simpatizan con el PP en San Fernando», y tacharon la reunión de «clandestina».
En su comunicado, la Plataforma acusa a Díaz Ayuso de ir para intentar «usar electoralmente» esta situación. La acusan de la «nefasta gestión del hundimiento de un municipio de 40.000 habitantes y el trato sádico que la Comunidad ha ofrecido a cientos de personas que lo han perdido todo tras 15 años de agonía». Y creen que «no han traído propuestas de ningún tipo que pongan solución definitiva a este desastre» sino «a iniciar su campaña electoral». Y lanzan su advertencia: «Si no hay soluciones reales, discutidas y pactadas por todos los agentes sociales, el camino hasta mayo se puede convertir en un paseo por el desierto«.
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