Villacís quiere crear prostíbulos «seguros» e «higiénicos» con inspecciones

En España la práctica está en un limbo legal y en Madrid no existe ninguna normativa que persiga a los hombres que pagan por sexo. En mayo de 2018, durante el gobierno de Manuela Carmena, el grupo municipal socialista presentó una ordenanza para luchar contra la prostitución que pretendía multar hasta con 3.000 euros a los clientes y proxenetas. El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira precisó entonces que las sanciones conseguirían marginalizar aún más a las mujeres. Varios informes técnicos contradijeron al PSOE, ningún partido apoyó la ordenanza y, desde entonces, no ha habido más intentos por atajar la prostitución en la capital.

Tras cuatro años gobernando Cibeles en coalición con el PP, Villacís imagina para el próximo mandato una copia del modelo de Bilbao, el primer municipio que reguló el asunto, aunque desde un punto de vista urbanístico. Su ordenanza sobre establecimientos públicos destinados a la prostitución se aprobó en 1998 y contempla una distancia mínima de 500 metros entre locales de alterne, habitaciones de al menos 9 metros cuadrados y aseos independientes, ventilados y alicatados hasta el techo. «Proponemos crear espacios seguros que tengan las medidas higiénico sanitarias que necesitan, de iluminación, de ventilación, para acabar con la explotación», afirma la vicealcaldesa.

Después del acto electoral, el equipo de CS difundió un comunicado con una aclaración: «No se podrá ejercer en pisos, solo en locales con acceso directo desde la vía pública». Estos prostíbulos deberán solicitar su correspondiente licencia al Ayuntamiento de Madrid y estarán sometidos a la inspección municipal, como cualquier otra actividad que se desarrolla en la ciudad. El equipo de Villacís pretende concretar el resto de detalles, como los criterios para la publicidad exterior de estos locales, con las propias mujeres de la plataforma Stop Abolición.

Bilbao aprobó otra norma en septiembre de 2010 para combatir la prostitución callejera, la ordenanza general de Uso del Espacio Público, con sanciones de hasta 3.000 euros a quienes mantengan relaciones sexuales en la vía pública. La estrategia opuesta de Villacís: «El modelo abolicionista provoca más marginación económica y más problemas», puntualiza la candidata, que ensalza el marco de Alemania y Holanda, donde la prostitución es legal y los prostíbulos están regulados. «Por una sola mujer que lo haga de forma libre, estas mujeres tienen derecho a estar protegidas, a tener una prestación por cese de actividad, vigilancia de la salud, Seguridad Social, a poder pagar sus impuestos», añade.

El feminismo radical -la corriente que surgió a finales de los años 60 en Estados Unidos para denunciar la opresión del patriarcado- es abolicionista. En España, el PSOE encarna la postura más tradicional del feminismo y, el año pasado, inició la tramitación de una ley abolicionista en el Congreso de los Diputados. El Gobierno cifró en 45.000 el número de mujeres y niñas en situación de prostitución, remarcando que entre el 90 y el 95% son víctimas de trata, según un informe del Ministerio del Interior de 2012.

Ángela, peruana y expresidenta de Stop Abolición, cuestiona estos datos. En la sede de Ciudadanos compartió cómo se internó en ese mundo opaco, hace años, una «decisión libre» ante una «situación desesperada», una espiral de problemas económicos después de que a su padre le diagnosticaran cáncer. Ángela adoptó, en sus palabras, una «estrategia financiera» que le ha permitido «reconstruir» su familia. «La ley de abolición es violencia de género», sentencia, «soy puta, no nos victimicen, nos quieren clandestinas o con derechos».

Ciudadanos es el único partido que aboga por la regulación. El plan de Villacís es borrar la prostitución en las calles. «La intemperie multiplica el riesgo», sostiene. Pero las instituciones que luchan contra las situaciones de explotación sexual, como Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), consideran este tipo de medidas un paso atrás. «Hay ejemplos en el mundo de qué significa meter a la mujer en un prostíbulo; vamos por delante de ello, hacia un modelo igualitario y democrático, y la mejor manera es con una ley de lucha contra la trata», expresan a ABC fuentes de la asociación. Ellos trabajan con sus datos: el 100% de las mujeres que asisten son víctimas de trata. «Lo que conocemos es que están pidiendo salir y no ser explotadas».