La universidad pública tendrá 10 millones de financiación por objetivos

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, subrayó, en un encuentro informativo, que el objetivo es lograr el máximo consenso posible, y por eso desde la consejería se está escuchando «a todos», entre los que se incluyen de forma especial a los rectores y vicerrectores de las universidades públicas. En la Comunidad presumen de que la tramitación es «completamente opuesta» a la que tuvo la ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se aprobó «sin ningún tipo de consenso ni reuniones y los rectores se la encontraron en el BOE». En total, la consejería ha tomado nota de casi mil observaciones de todo tipo, que han ido modulando el texto.

El último borrador de la ley incorpora alguna de las peticiones planteadas por los equipos directivos de las seis universidades públicas madrileñas y por el resto de actores de la comunidad universitaria. Una de ellas es la financiación por objetivos, que junto a la básica para el normal funcionamiento de los centros y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas. El importe total no está cerrado aún.

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Pero sí se ha detallado que la financiación por objetivos estará dotada con esos 10 millones de euros anuales extra, que se podrán repartir entre las seis instituciones cuando acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica e investigadora.

La lista de objetivos se ha simplificado y se ha dejado abierta la posibilidad de que cada centro pacte con la Comunidad de Madrid establecer los que más se adecuen a sus características. También se deja la puerta abierta a añadir nuevas posibilidades cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno. En el borrador actual se incluyen como posibles objetivos con incentivo la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, sobre todo de la Unión Europea y de Hispanoamérica, así como la oferta de títulos y cursos relacionados con las Humanidades y los sectores estratégicos de la región.

Respecto a la organización de los centros universitarios, el borrador recoge ahora que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad y se eliminará la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se reconvierte en una Oficina Económico Presupuestaria a cargo de dos de estos profesionales, uno elegido por el rector y el otro por el Consejo Social.

Respecto al Distrito Único de Prácticas, se define con una mayor precisión. Su objetivo es lograr que ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar esta parte de su formación cuando sea imprescindible para titular. El actual sistema de distribución seguirá funcionando con normalidad, pero este Distrito Único permitirá repartir las que sigan vacantes tras esa primera actuación, con el fin de que puedan ocuparlas los estudiantes que necesiten certificar las prácticas para lograr su título académico.

En el capítulo de las sanciones, se fija un importe máximo de 300.000 euros para las infracciones muy graves que se produzcan en el ámbito universitario. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

Mientras la Comunidad ultima el «rescate» de la Universidad Complutense con un préstamo de 34,5 millones de euros, desde Educación se ha confirmado que hay una segunda universidad pública en situación de déficit, la Rey Juan Carlos, con la que se está negociando también la manera de hacerle frente para poder sanear su situación financiera.