La Complutense se persona en el caso Begoña Gómez porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico

En un escrito, al que ha tenido acceso ABC, la asesoría jurídica de la UCM explica que ejercitará su derecho «al ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria». Al hilo, y para poder solicitar diligencias, interesa que se le dé traslado de una copia de la causa en la que se investiga a Gómez por, presuntamente, haberse valido de la situación de su marido para evolucionar en sus negocios privados, que comprendían la codirección de una Cátedra Extraordinaria en la UCM.

La UCM responde así a la resolución del juez Juan Carlos Peinado en la que indicaba que se debía ofrecer a esta universidad la posibilidad de personarse a la luz de los hechos investigados. Lo hacía después de transformar el procedimiento para que siguiera por el Tribunal del Jurado y con el objetivo de que el centro educativo pudiera asistir a la vistilla que tuvo lugar el pasado 6 de octubre.

Cabe recordar que Peinado indicó en un auto que el origen de los hechos delictivos llevados a cabo presuntamente por Gómez venía de «su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.

«Es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ello, los posible restantes delitos», indicaba, para añadir que «sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que posteriormente han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas» de los otros delitos de apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado.

En esta rama principal de la investigación, el juez indaga en presuntas irregularidades cometidas por la esposa de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa y en beneficio de sus negocios privados. Peinado abrió la causa el 24 de abril de 2024 a raíz de una querella presentada por el sindicato Manos Limpias, y desde entonces ha realizado multitud de diligencias sin contar con el impulso de la Fiscalía -que en todo momento abogó por el archivo de la misma- y con el apoyo e impulso procesal de las acusaciones populares.