Madrid aprobará en mayo su plan para controlar las viviendas turísticas

Antes de su intervención, Carabante ha defendido que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida «está actuando más de lo que se hizo del año 2015 al 2019, cuando gobernaba la izquierda, cuando Rita Maestre era responsable y cuando no tomaron ninguna decisión, o más bien tomaron la decisión que ha permitido que hoy haya 16.000 viviendas turísticas».

«Lo que estamos poniendo en marcha es un Plan Reside, una normativa nueva que va a permitir conciliar las necesidades que tenemos también de ofertar este servicio a los turistas con la mejora de la convivencia», ha recordado.

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Esta nueva norma, que sustituirá al plan de hospedaje en 2019, divide la capital en dos zonas: el centro histórico (el ámbito APE 0.01) y el área que queda fuera de este. Dentro del centro, se prohibirán las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de vecinos. La única excepción será en edificios obsoletos y en mal estado ubicados en calles no comerciales, donde se permitirá funcionar como vivienda turística en edificio exclusivo durante 15 años, con una licencia ligada a la rehabilitación y restauración del inmueble. Posteriormente, volverá a tener uso residencial. Dentro del centro histórico también se prohíbe la transformación de los locales en pisos turísticos.

Fuera de la almendra central se permitirán los pisos turísticos tanto en edificios completos como en viviendas dispersas siempre que puedan contar con un acceso independiente. Tampoco se permitirá en este área la transformación de antiguas tiendas en VUT dentro de los principales ejes comerciales.

Tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad tiene cuatro meses para autorizarlo, por lo que debería estar definitivamente en vigor en verano.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también ha defendido que mientras se aprueba esta norma su gobierno «ha incrementado las sanciones que pueden llegar hasta 190.000 euros restableciendo la legalidad en numerosas viviendas turísticas». En concreto, «en el año 2024 hasta 538 VUT volvieron a ser viviendas como consecuencia de las inspecciones y de las sanciones». «Estamos en el buen camino, que es precisamente el contrario al que nos llevó la izquierda», ha valorado.

En este sentido, Antonio Giraldo, portavoz socialista del ramo, denunció que el problema es «la disciplina y no la normativa». Según el informe anual de la Agencia de Actividades, relató, el año pasado se impusieron de forma efectiva 92 sanciones efectivas (la mayoría, 89, por importe de 30.001 euros y el resto por importes superiores), lo que supone un total de algo más 2,5 millones de euros, "tres más que el año anterior, cuando no existía este plan de inspección".

Además, denunció Giraldo, pese a que se anunció un aumento del personal dedicado a las tareas de inspección, «durante todo el 2024 han estado los mismos 14 inspectores urbanísticos, aunque ahora se han incorporado cuatro más y hay un total de 18 profesionales para toda la ciudad».