Madrid alcanza los 250 pisos turísticos ilegales desmantelados, un 82% más que el año anterior
En relación a las multas, se impusieron 89 de entre 1.000 y 3.000 euros, además de otras 89 por valor de 30.001 euros cada una y tres más de 60.001 euros
Fran e Isabel, la 'familia' que controla más de 300 viviendas turísticas en Madrid
Un plan de acción que avanza cual hormiga sin descanso, pero con una montaña de arena demasiado empinada de superar. La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid presentará mañana su informe de gestión de 2024, con resultados positivos en lo que a la erradicación ... de pisos turísticos se refiere: tras la puesta en marcha hace ahora diez meses de una batería de medidas para fomentar el uso de las viviendas como residencial, el Gobierno municipal ha logrado restablecer la legalidad en 251 casas, lo que supone un incremento del 82% respecto al año anterior, cuando esta cifra se quedó en 138. Cabe recordar, no obstante, que en la capital se han duplicado los pisos turísticos desde 2017 hasta sobrepasar los 16.000, de los cuales solo el 7% de la oferta cuenta con licencia para operar.
Así, en 2024 aumentó hasta el citado 82% el número de propietarios que dejaron la actividad de forma voluntaria ante la apertura de procedimiento por parte de la propia Agencia de Actividades. Una tendencia por la estrategia de equilibrar el mercado de hospedaje de la ciudad, con la congelación de nuevas licencias, multas de hasta 190.000 euros, más inspectores y la publicación de un mapa con los alrededor de 1.000 pisos turísticos legales.
A ello se suma la puesta en marcha del plan Reside, que entrará en vigor en la segunda mitad del año y sustituirá al actual Plan de Hospedaje de 2019, con el objetivo de prohibir los pisos turísticos diseminados en comunidades de vecinos, lo que al menos en el centro histórico significará que solo puedan salir al mercado en bloques íntegramente copados por esta actividad.
Dentro del primer plan de inspección urbanístico alumbrado también el año pasado, la Agencia de Actividades recibió un total de 2.310 escritos, de ellos 1.299 denuncias. Así, fueron detectados 623 alojamientos, un 30% más; y se iniciaron 490 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que afectan a 578 viviendas y supone un incremento del 59%. La agencia dictó 337 resoluciones (ordenándose el cese de 405 hospedajes) y archivó otras 42 al no dedicarse ya sus dueños al uso turístico.
En relación a las multas, se impusieron 89 de entre 1.000 y 3.000 euros, además de 92 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda sin la preceptiva licencia. De estas últimas, 89 fueron por valor de 30.001 euros cada una y las tres restantes, dada la reincidencia, de 60.001 euros. Precisamente, los tiempos de resolución de los expedientes de licencia se redujeron un 27% respecto a 2019, pasando en cinco años de 196 a 143 días de media.
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