Las once propuestas estrella de Juan Lobato en su programa electoral para el 28M: fiscalidad, colegios y microchips

En su programa, Lobato plantea establecer nuevos tramos de IRPF para las rentas más altas, recuperar parcialmente el Impuesto de Patrimonio y modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Incrementan el mínimo exento y crean dos nuevos tramos para rentas altas: un nuevo tramo a partir de 78.000 euros, y un segundo tramo hasta 150.000 euros, con un tipo máximo del 22,5 por ciento.

Se reduce «el cheque fiscal a la riqueza del PP en el Impuesto del Patrimonio»: se establece un mínimo exento de 1,2 millones de euros. Se establece un sistema de bonificaciones progresivo según el nivel de riqueza, que garantiza la progresividad del impuesto. Y se establecen exenciones para patrimonio productivo.

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En el impuesto de Sucesiones y Donaciones, aseguran, «ninguna persona con herencias inferiores a un millón de euros pagará más impuestos que en la actualidad».

Plantean reducción de 500 euros en la cuota autonómica del IRPF por traslado de negocio a municipio de menos de 2.500 habitantes, exención por relevo generacional por cinco años en Sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; y una subvención por gastos justificados de inicio de actividad hasta 6.000 euros.

Creación de una Consejería de la mujer que dependa directamente del presidente regional; de un Instituto de la Mujer, y puesta en marcha de una ventanilla única para la mujer en los ayuntamientos.

El candidato del PSOE propone una Estrategia para una industria verde, digital y competitiva 2023-2032, centrada en la nanotecnología y los semiconductores. Le llaman 'chipMadrid', y contará con 250 millones de presupuestos.

También proponen un programa de rehabilitación y mejora de las infraestructuras productivas de los polígonos industriales.

Los socialistas tienen en mente poner en marcha un proyecto piloto para el estudio de «jornadas laborales más flexibles y reducidas». Y plantean una convocatoria de ayudas a las pymes, que no entren dentro del ámbito de la convocatoria realizada por el Ministerio de Industria; así como a municipios para que pongan en marcha este proyecto piloto de reducción de jornada.

Proponen desarrollar un Plan de Capitalización y Mejor Gestión del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que incremente de manera inmediata en torno a un 10 por ciento (el equivalente a 900 millones de euros anuales), el presupuesto actual de sanidad. Quieren huir del «actual modelo 'hospitalocentrista' basado en grandes infraestructuras y redistribuir la inversión en favor de nuestras actuales necesidades, que son la Atención Primaria y Hospitales de Media y Larga Estancia».

Por otro lado, plantean un plan de choque de listas de espera con un máximo de tres meses para una intervención quirúrgica, y un máximo de tres semanas para pruebas diagnósticas. También piden un Plan de Refuerzo Urgente de la Atención Primaria que garantice la atención presencial normalizada en los centros de Salud en horario de 8 a 21 horas.

Plantea garantizar «con carácter inmediato» el funcionamiento de los actuales 78 puntos de urgencias extrahospitalarias con médico, enfermero y celador. Y la reincorporación al Sermas de los 6.000 contratos Covid despedidos en marzo de 2022.

En este capítulo, se señalan como medidas estrellas derogar la Ley Maestra de Díaz Ayuso y seguir la ley estatal de educación. Vigilar en los colegios concertados que no se cobren cuotas ni se segregue por sexo. Crearán 20 centros públicos de FP donde puedan matricularse los 20.000 alumnos que cada año no pueden acceder por falta de plazas.

Y su promesa estrella, reducir las ratios a 15 alumnos por aula en segundo ciclo de Infantil, 20 en Primaria y 25 en Secundaria.

Adaptar la legislación vigente de la Comunidad a la nueva ley estatal de universidades. Y poner en marcha un Plan de choque económico para las universidades públicas madrileñas que las saque «del 'pozo' financiero en el que se encuentran».

Quieren una ley de derechos vitales que reconozca como derecho el acceso a «prestaciones básicas» como «educación, alimentación, vivienda o movilidad». Incluyen en su programa aplicar un suplemento de 200 euros al mes a aquellas familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción y de 100 euros para los de Ingreso Mínimo Vital que tengan menores o personas dependientes a su cargo.

Lobato propone una tarifa única de transporte para toda la Comunidad, de precio reducido (30 euros/mes).

Como solución a corto plazo, y mientras se amplía el parque de vivienda pública, proponen 300 euros menos en el precio del alquiler para familias con ingresos de hasta 35.000 euros al año de renta.