Cruce epistolar entre el Gobierno de Sánchez y Ayuso: «Sería un gran gesto instalar una placa en la Real Casa de Correos»

En la carta, de cuatro páginas, el ministro rebaja el tono de forma considerable y en esta ocasión no amenaza con acudir al Tribunal Constitucional ni con una imposición a la Comunidad de Madrid. Se limita a defender la ley de Memoria Democrática y la decisión, respaldada por el Congreso de los Diputados, de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, como «lugar de memoria democrática».

El ministro, además, insiste en ponerse a disposición de Ayuso para mantener los encuentros precisos, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la instalación de la placa, a la que el Gobierno regional se opone de manera frontal, como le hizo saber, una vez más, la presidenta autonómica, en la carta que le envió el martes pasado.

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En aquella carta de Ayuso al ministro, la presidenta instó al ministro a ocuparse de instituciones canarias, que también podían declararse «lugares de memoria», y que sin embargo se han dejado al margen, según subrayó. «En relación con tu afirmación sobre el Parlamento de Canarias, edificio que fue utilizado desde el inicio de la Guerra Civil por el régimen franquista para celebrar consejos de guerra, es importante destacar que en él se han llevado a cabo diversas actuaciones, como la instalación de una placa en memoria de las personas sentenciadas en aquel lugar», explica el ministro, que fue presidente autonómico de Canarias.

«Te animo, presidenta, a que se haga lo propio en la Real Casa de Correos. Mas allá de la culminación del expediente que hemos iniciado, sería un gran gesto instalar una placa con la presencia de todos los grupos políticos, recordando a las personas que sufrieron represión y tortura en ese espacio. Seguiremos avanzando en la declaración de Lugares de Memoria en Canarias y en cualquier otro territorio donde sea necesario, tanto en España como fuera de nuestro país», señala el ministro de Memoria Democrática.

Torres asegura que «no existe ninguna colisión ni incompatibilidad entre la declaración de Lugar de Memoria y el normal ejercicio por parte de la Administración titular del inmueble. Es decir, que la actividad propia de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid no es incompatible con la señalización conmemorativa conforme a la Ley de Memoria Democrática».

El ministro recuerda, además, que esa ley «emana del Congreso de los Diputados -de la voluntad popular- y que compele a las instituciones a adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia, entre las que se encuentran - y estoy seguro de que coincides conmigo- las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos que se produjeron en dicho inmueble cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad del gobierno franquista».

Dentro de ese tono más constructivo, Torres reconocer que «afortunadamente, ese emblemático edificio que acoge la Presidencia autonómica representa hoy los valores de un pueblo democrático y abierto como es el madrileño. Y eso debería ser una motivación adicional para que ese lugar se signifique a favor de las libertades y la democracia frente al totalitarismo y el miedo».