Ayuso descarta un acuerdo con Sánchez sobre la placa de 'memoria' de la Real Casa de Correos

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que encabeza Ángel Víctor Torres, cree que la ley que se aprobó en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre y que blinda la protección de la Real Casa de Correos es «inconstitucional» porque se produce una invasión de competencias. En aquella ley, aprobada con la mayoría absoluta del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de la izquierda, se establece, entre otras medidas, que la instalación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y eso choca directamente con la pretensión del Ministerio, que quiere instalar su placa ya, para ligar de forma permanente ese edificio al franquismo.

El ministro ha instado a la Comunidad a negociar para tratar de llegar a un acuerdo antes de acudir al Tribunal Constitucional, con un ultimátum para que responda: tiene hasta el 26 de febrero. Pero a la presidenta Ayuso no le hizo falta esperar tanto y en cuanto conoció el movimiento del Ministerio respondió en las redes sociales: «El ministro canario recibirá una ilustrativa carta donde le informaremos de algunos lugares que nunca declaró 'franquistas' en Canarias, mientras tiene sus confundidos ojos puestos en Madrid. Y mira que tuvo tiempo».

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La Comunidad de Madrid no tiene ninguna intención de negociar nada que suponga identificar la sede de la Presidencia regional, donde Ayuso tiene su despacho, con el franquismo. Recuerda que la Real Casa de Correos tiene una historia de 250 años y rechaza de plano el intento del Gobierno de Sánchez de ligarla con una época muy concreta. «Es puro guerracivilismo», denunció ayer el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache.

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, lamentó la «deslealtad institucional» del Ministerio, ya que, según explicó, se enteró de sus intenciones por los medios de comunicación. A partir de ahí, el ambiente para llegar a un supuesto acuerdo de conformidad entre ambas partes no puede ser peor.

Fuentes autonómicas rechazaron que la ley aprobada en la Asamblea pueda contener una invasión de competencias, ya que lo que hace, precisamente, es proteger al máximo un edificio que forma parte del patrimonio regional, y eso corresponde hacerlo a la Comunidad. El consejero de Presidencia denunció los «tintes autoritarios» del Gobierno de Sánchez, al que acusó de no «soportar» que otra institución defienda sus propios intereses. Aseguró que el Ministerio no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo de Ayuso «para absolutamente nada».

«¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que la propiedad de un inmueble pueda decidir sobre ese inmueble? ¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que una Comunidad como la madrileña que tiene un edificio en propiedad pueda decidir lo que ocurre o lo que no ocurre o las placas o no que se colocan en ese edificio?», se preguntó. El consejero aseguró que el Gobierno regional seguirá «defendiendo los intereses de los madrileños» y exigió al Ejecutivo de Sánchez «que saque sus manos de la Real Casa de Correos, que no la utilice como escudo para tapar ni los casos de corrupción que la acorralan, ni siquiera como escudo para tratar de incorporar en el debate cuestiones diferentes que tapen esa debilidad política institucional que tiene».

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, entró rápidamente en la trifulca y pidió a Ayuso que «abandone la insumisión permanente». A su juicio, está «negando lo que todos los madrileños conocen: que a lo largo de la historia la Real Casa de Correos fue lugar donde se produjeron terribles torturas y sufrimiento».