El colegio de abogados ve de «extrema gravedad» la filtración por la Fiscalía del intento de acuerdo del novio de Ayuso

En una nota que han trasladado a los medios, el colegio de abogados señala que la Fiscalía lanzó un comunicado «detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».

«El Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido», lamenta la entidad.

Y es que, a juicio del ICAM, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, «constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».

Lo cierto es que el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad antes de que presentara una denuncia contra él por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros en impuestos mediante facturas falsas. Buscaba así una rebaja en caso de condena.

En un comunicado hecho público este jueves, la Fiscalía Provincial de Madrid explica que el «único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».

El abogado ofreció el acuerdo «vía correo electrónico», que fue enviado al fiscal al frente del caso a las 12.45 horas de ese día. La propuesta de conformidad realizada por su defensa «reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021», afirman.

Concretamente, según el correo electrónico adelantado por la Cadena SER y constatado por ABC, la defensa de González expresó a la Fiscalía que una vez «estudiado el asunto y de común acuerdo» con su cliente, se trasladaba que «es voluntad firme alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».

Ante este escenario, el colegio de abogados asegura que «defenderá a ultranza estos principios y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno de este lunes, como punto extraordinario, cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional».

Por ello, a instancias de la Comisión Ejecutiva, la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar «con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias».