Mascarillas, impuestos y comisiones: las claves de la denuncia contra la pareja de Ayuso

Según la información de elDiario.es, cobró dos millones de euros en comisiones por mediar en la venta de mascarillas entre dos empresas privadas, FCS Select Products y Mape Asesores, y después trató de ahorrarse los impuestos de esas operaciones.

La Fiscalía le atribuye dos delitos fiscales por defraudar 350.951,41 euros del impuesto de sociedades durante los ejercicios de 2020 y 2021. Y le acusa también de un delito de falsedad documental.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría presentado 15 facturas falsas por «gastos ficticios» de 1,7 millones de euros para desgravarse pagos que nunca tuvieron lugar, rebajar los beneficios a declarar a Hacienda y pagar 350.000 euros menos en impuestos.

Las sociedades investigadas propiedad de González Amador son Maxwell Cremona Ingeniería y Masterman & Whitaker Medical, dedicadas a prestar servicios sanitarios y del sector de cosmética y farmacia, respectivamente. Si bien esta última, según la Fiscalía, «carece de medios materiales» para prestar servicios y usó los de la primera, buscando la pareja de Ayuso con esta conducta un ahorro fiscal.

La denuncia del Ministerio Público se dirige también contra otras cuatro personas más, los empresarios Maximiliano Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, acusados de ayudar a simular gastos y girar facturas por servicios que realmente no se prestaron a través de sus empresas.

Mke Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL. Todas ellas figuran también como denunciadas en el escrito de la Fiscalía.

La denuncia de la Fiscalía surge de un informe de la Agencia Tributaria, que inició una investigación hace dos años. En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda detectó movimientos sospechosos en las sociedades de González Amador, que tras estallar la pandemia habían experimentado un incremento exponencial en lo que respecta a su facturación. La Agencia Tributaria remitió sus conclusiones a la Fiscalía, que presentó denuncia el pasado 5 de marzo en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).

Por mediar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia en nombre de FCS con una empresa gallega, Mape Asesores, según elDiario.es.

Sí, los populares incluyeron en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 los contratos del Gobierno para la compra de material sanitario a FCS Select Products.

Denunciaban que FCS, dedicada hasta la pandemia al marketing de bebidas alcohólicas, apenas facturaba un millón de euros al año. Y tras firmar cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa para la adquisición de mascarillas pasó a facturar 263 millones de euros. Asimismo, que la administradora había sido condenada por estafa y que la sociedad se había convertido en la «mayor proveedora» de productos sanitarios del gobierno. «Todo ello, por la supuesta cercanía de los administradores de la empresa con el exministro Illa».

Se envió a la Fiscalía Europea en septiembre de 2022,dado que los contratos se financiaron con dinero de la Unión Europea. No consta de manera formal que el organismo comunitario haya abierto una investigación.

En paralelo, un juzgado de Madrid tuvo imputados a tres altos cargos de Salvador Illa tras una querella de Vox que les señalaba por delitos de prevaricación, en relación, entre otros, a los contratos de mascarillas con esta misma empresa, FCS Select Product. El asunto acabó archivado y los de Abascal han presentado recurso.

En lo que respecta a la pareja de Ayuso, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en el que ha recaído la denuncia, debe decidir si abre una causa penal contra él por delitos fiscales.