Ayuso encarga a la Abogacía recurrir ante el Constitucional la Ley de Amnistía

Díaz Ayuso entiende que la amnistía «es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho, que hace difícilmente reparable tanto daño al buen nombre de España dentro y fuera». Entre sus efectos, ha dicho, «quedan desamparados» los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna. Defiende que nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.

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La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.

Además, considera que supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo madrileño ha respondido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que durante una entrevista en TVE, ha situado en la Comunidad de Madrid la «máquina del fango» encargada de iniciar los bulos que terminan como «denuncias falsas» en los tribunales contra su entorno familiar, al tiempo que ha sostenido que aunque en España ha habido casos de 'lawfare', quiere pensar que él no está siendo víctima de ese fenómeno. Y apunta directamente contra el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, de quien dice que va anunciando una semana antes lo que van a hacer los jueces en las causas abiertas contra su esposa y su hermano.

«Nosotros somos los primeros en Sanidad, en atracción de turismo, segundos de Europa en temas digitales y terceros en temas financieros. Él es primero en escándalos, igual el fango lo tiene él». Y mientras, tiene «el gobierno desguazado y al independentismo más subido que nunca». Por eso, le ha pedido que gobierne para todos los españoles y con transparencia y que se siente «en medios de comunicación que no le doren las preguntas». A su juicio, «por la mitad de la mitad de lo que le acusan, cualquier otro mandatario en Europa, dimite». Se ha expresado también sobre la Fiscalía General del Estado, a quien cree que la situación que se está dando «probablemente le va a costar su carrera».

El principal asunto del Consejo de Gobierno de este miércoles es ese primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. Díaz Ayuso se adelanto al resto de autonomías populares para anunciar, la primera, que presentaría dicho recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía del Gobierno central. Una vez aprobada esta norma, y publicada en el BOE, ahora el consejo de Gobierno ha dado este miércoles luz verde a la presentación de ese recurso, algo que se ha encargado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid.

«La ley, si se le puede llamar ley, más corrupta de la democracia», es como ha definido Díaz Ayuso la norma, que ha insistido en considerar «una infamia» y «una violación de los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Constitución».

El Gobierno regional tiene un plazo de tres meses para presentarla. «El siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, a ruptura de la convivencia otra vez y a peor, y llevarnos a votar lo que es ilegal votar; una trampa tras otra, una mentira tras otra». Ve «difícilmente reparable tanto daño a la democracia española» y también al prestigio del país ante inversores.

Se duele Ayuso del escarnio al Rey que supone también esta ley, y asegura que no se va a quedar «de brazos cruzados» y por ello presenta este recurso de inconstitucionalidad.

Esta es una iniciativa nacional del PP, que se va a replicar en todas las autonomías donde gobierna este partido. La presidenta madrileña anunció que lo plantearía en cuanto la ley entrara en vigor, de forma «urgente».