Almeida quiere rescatar el mercado fantasma de Legazpi para uso vecinal

A menos de un mes de las elecciones del 28 de mayo, José Luis Martínez-Almeida se compromete a encauzar el enésimo intento de rehabilitación del mercado de Legazpi, erigido en el distrito de Arganzuela, junto a Matadero y Madrid Río. Es el cuarto alcalde que quiere impulsar un nuevo uso para este inmueble protegido, ejemplo de la arquitectura racionalista del siglo pasado. Si revalida el cargo en las urnas, el PP pretende instalar una gran oficina para 1.800 funcionarios y tres equipamientos municipales, dos para dotaciones del distrito y el tercero destinado a la ciudad.

Almeida busca reescribir el proyecto que empezó su antecesora, Manuela Carmena, el mismo que paralizó en cuanto tomó el bastón de mando del Palacio de Cibeles, en 2019. En mitad de las obras, el mercado peligraba por «riesgo de colapso». Tras años en el olvido, el inmueble requería reformas en profundidad que no se contemplaban en el contrato adjudicado durante el Gobierno de Ahora Madrid a la empresa Acciona. Almeida lo descartó y emprendió otras actuaciones, las necesarias sobre los cimientos para salvar el edificio. Esas obras, que han costado 13 millones de euros a las arcas municipales, aún no han terminado.

Estos últimos proyectos son herederos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, que calificó la parcela del mercado de Legazpi de uso administrativo público. En 2007, Alberto Ruiz-Gallardón planteó recuperarlo para transformarlo en la Concejalía de Urbanismo. El exregidor convocó un concurso de ideas que ganó el estudio Ulargui-Pesquer, con el diseño de dos edificios de oficinas, de 7 y 11 pisos, en un vértice de la parcela. Al año siguiente, la empresa Intemac elaboró un informe que advertía de «fenómenos de colapso o erosión interna en el terreno» si no se tomaban medidas. Ese mismo año se desató la crisis económica y el proyecto, como ese estudio, se esfumó.

Desde entonces, el antiguo bazar ha atisbado otros futuros: reconvertirse en rascacielos o en un intercambiador de transportes, estar a la venta por 5,7 millones de euros, pasar a manos de un fondo de inversión que se encargase de las obras. Hasta que en 2017, Manuela Carmena anunció un gran centro social de 22.240 metros cuadrados, con bibliotecas, aulas y paseos ajardinados. La exalcaldesa también pensó construir una nueva instalación de 35.785 metros cuadrados que albergara a 20.000 funcionarios. Esta sede ahorraría al ayuntamiento 15 millones de euros en alquiler de oficinas que no son de titularidad municipal, lo mismo que propone ahora el PP.

La recuperación del mercado de Legazpi, por 70 millones de euros, aspiraba a ser la obra enseña del mandato de Carmena, pero las obras arrancaron en 2018 con el informe previo de Intemac guardado en un cajón. En 2019, Almeida, ya investido alcalde, frenó los trabajos. «Tuvimos que paralizar la obra para evitar el riesgo de colapso, después de comprobar que, para nuestro asombro, no se había ejecutado una obra necesaria en los cimientos del edificio», explican fuentes municipales. «Nos encontramos un legado envenenado».

El contrato adjudicado a Acciona no se podía modificar. La cirugía estructural del mercado suponía un sobrecoste de 13,9 millones de euros, una cifra que excedía el 10% extra admitido en la Ley de Contratos, y el PP redactó uno nuevo. El pasado diciembre, en la comisión de Obras y Equipamientos, la concejal del ramo, Paloma García Romero, avanzó algunos detalles del remodelado mercado una vez se reviertan los daños. Habrá «una cúpula en la que se contempla una envolvente, es decir, fachadas y cubiertas, así como entreplantas de estructura metálica», informó.

La historia del mercado de Legazpi es otra de esas rehabilitaciones eternamente postergadas que dejan icónicos inmuebles fantasma en la ciudad. A partir del 28 de mayo, su destino dependerá del gobierno que salga de las urnas. El PP, tras un mandato enfrascado en resolver los problemas de la estructura, envalentonado por las encuestas, ya ha preparado su boceto.