Los afectados de la L7b de Metro, sobre las indemnizaciones: «No llegan ni al precio de mercado de una vivienda»

El anuncio de la cuantía lo daba ayer el consejero de Transportes, David Pérez, que además adelantaba que las indemnizaciones comenzarán a cobrarse en breve: «Ahora se abrirá un proceso, familia por familia, para buscar la conformidad con la cantidad, y en el primer trimestre de 2023 se habrán producido estos ingresos».

La cantidad, señaló, incluye todos los conceptos: el valor del inmueble que han perdido –porque ha tenido que ser demolido, debido a los daños estructurales que sufría–, el mobiliario, el daño patrimonial y el lucro cesante tanto en los negocios afectados –cinco, según los datos del Gobierno regional– como en quienes tenían pisos alquilados y no han podido cobrar los alquileres. Y también el daño emergente, que se refiere a gastos sobrevenidos como mudanzas y otros.

Pero las cantidades, lejos de convencer a los vecinos, les parecen «un insulto». Así lo señalaba Alejandro, portavoz de la Plataforma de afectados por el Metro, que asegura que «la solución es insuficiente, porque no llega ni al precio de mercado de una vivienda». Tampoco cubre «los costes de 15 años de sufrimiento, hasta cuatro realojos en algunas ocasiones».

Dadas las cuantías de las indemnizaciones, denuncia que con ellas «lo que persigue el Gobierno regional es obligarnos a ir a los tribunales, en un proceso que puede ser muy largo y obligará mientras a malvivir a las familias», o a que «algunas acepten por necesidad absoluta».

Recuerda Alejandro el caso de «los vecinos del barrio de El Carmel, en Barcelona», cuyas casas sufrieron hundimiento en 2005 a causa de una ampliación del Metro. Recuerdan que «en aquel caso, la Generalitat gastó 120 millones de euros sólo para indemnizaciones para viviendas, más 44 millones para daños y perjuicios».

A raíz de la construcción de la línea 7B de Metro, en 2007, comenzaron a producirse movimientos de terreno que afectaron a decenas de viviendas de San Fernando de Henares. Desde entonces, los problemas han ido a más y en este momento hay varios edificios ya demolidos y otros desalojados por el peligro que suponen los daños que presentan para sus habitantes.

El Gobierno regional asumió hace un año la responsabilidad por estos daños, e inició un proceso de realojo temporal de los vecinos, abono de los gastos que esto les generara, e inyección de hormigón sobre 10.000 metros cuadrados de terreno afectado para intentar evitar que se repitan los hundimientos de terreno. La línea de Metro está cerrada, desde este verano, y no hay fecha para su puesta de nuevo en servicio.

En la actualidad hay 72 familias realojadas. En 27 casos se ha terminado el plazo del realojo establecido en la orden de emergencia que dictó el Gobierno madrileño, y al no poderse ampliar se pagará a los vecinos 798 euros al mes –durante seis meses–, mediante la entrega de un cheque de 4.788 euros en concepto de anticipo. Estará en vigor hasta que tengan las correspondientes indemnizaciones tras el derribo de sus viviendas. De momento, se han tramitado diez ayudas de este tipo.

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La presidenta Díaz Ayuso acudió en noviembre a la zona afectada y anunció que su Gobierno destinaría 120 millones de euros para «actuaciones integrales». Entre ellas, figuran la demolición del complejo educativo El Pilar (por valor de 2,5 millones de euros), afectada por el suburbano; el mantenimiento del Metro y el servicio especial de autobuses (2,4 millones de euros); las actuaciones en viviendas afectadas, gastos de alojamiento, manutención, suministros, locomoción y mudanzas de los vecinos (otros 12,2 millones de euros», y los trabajos para solventar los problemas estructurales: 51 millones de euros en mejoras del drenaje e estaciones, consolidación del terreno o estabilización del pozo.

El portavoz de los afectados avisa que lo peor puede estar por llegar: «Se está actuando sobre cinco calles, pero nosotros tenemos recogidas casi 20 calles afectadas».

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