Madrid limitará las cocinas fantasma en zonas residenciales

Con la modificación de las normas urbanísticas el Ayuntamiento también regulará el ‘coliving’ y las terrazas no computarán en edificabilidad

Chimeneas de una cocina fantasma emergen junto al patio de un colegio en Arganzuela J. R. Ladra

14/07/2021
Actualizado a las 12:27h.

Una docena de motos aparca sobre la señalética amarilla de la calle de José Calvo, en Tetuán. Los vecinos claman contra el ir y venir de repartidores que invaden la zona desde que hace un año abrió una cocina fantasma en un bajo comercial. Sufren los olores de los 21 restaurantes virtuales todos los días, el ruido generado por los ‘riders’ y el colapso de la carretera cuando las furgonetas de reparto descargan sus víveres. Para que el problema no se extienda a otros barrios de Madrid, el Ayuntamiento modificará las normas urbanísticas y primará la implantación de las ‘dark kitchens’ en zonas industriales, limitando su actividad en las residenciales.

El nuevo texto, que se aprobará en la Junta de Gobierno de la próxima semana y del que se están atando los últimos flecos, incluye que se reducirá la superficie que pueden ocupar las cocinas y se exigirá la carga y descarga en el interior de los negocios. Así, la odisea que padecen los vecinos de José Calvo no se reproducirá. La medida afectará también a espacios destinados a «almacenaje para distribución» y a locales de logística.

Sin carácter retroactivo

En Prosperidad, hay proyectados 38 restaurantes virtuales en el patio de vecinos de la calle de Canillas, donde han colocado una chimenea de 25 metros de alto para que salgan los humos. Los moradores, al igual que en Tetuán , han alzado la voz demandando su traslado. La escena se repite en Arganzuela, donde han instalado cuatro chimeneas al lado de un colegio. En este punto, la empresa constructora ya recoge la carga y descarga en el interior. Desde el Área de Desarrollo Urbano , que dirige Mariano Fuentes, explican que esta medida no tiene carácter retroactivo, por lo que se mantendrán las que ya están en funcionamiento; la duda es qué pasará con aquellas que tienen la licencia aprobada pero todavía no han encendido los fogones.

Esta no es la única modificación que sufrirán las normas. El Ayuntamiento busca adaptar al siglo XXI el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) , que data de 1997 y no recoge muchas de las actividades existentes a día de hoy, resultando obsoleto. Así, otra de las líneas de actuación afectará a las viviendas. El Consistorio reconoce que «las necesidades de los madrileños no son las mismas que hace 24 años», debido a que han surgido nuevas formas de habitar. «La actual norma se queda corta» , sostienen. El cambio en el PGOU contempla incluir el ‘cohousing’ –vivienda comunitaria basada en el consumo colaborativo– en el uso residencial, redefiniendo las condiciones de vivienda mínima.También da entrada a una nueva categoría denominada ‘residencial compartida’ , en la que se incluirá el ‘coliving’, donde los residentes disponen de dormitorio y baño privado, pero comparten el resto de estancias para trabajo u ocio.

Se actualizan también las condiciones de confort: las terrazas no computarán a efectos de edificabilidad, potenciando los balcones y balconadas, tanto en las construcciones nuevas como en las existentes y permitiendo las persianas en los miradores, que hoy en día son ilegales.

La sostenibilidad tiene un espacio destacado. Se introduce el concepto de ‘factor verde’ en la edificación para que la gente invierta en fachadas, cubiertas, paneles solares y elementos de eficiencia energética. Los elementos constructivos tampoco cumputarán a efectos de edificabilidad. Otra de las novedades es que se posibilita construir viviendas tuteladas –casas vinculadas a mayores o menores que son tutelados por un organismo público– y viviendas de integración social –para colectivos con problemas asistenciales o vulnerables– en suelos dotacionales.

El plan no se entendería sin hacer mención a los pisos turísticos , otro de los grandes quebraderos de cabeza de los residentes. Estas viviendas se considerarán hospedaje y deberán ceñirse a las limitaciones de este uso en los edificios residenciales, tal y como la Justicia ha avalado. Todos los cambios serán sometidos a un periodo de información pública para que la gente pueda hacer aportaciones.