Interrogados Sánchez Mato y el empleado de EMT que falseó documentos de Bicimad

El pasado mes de julio, la jueza que instruye el caso s olicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid , a petición del Ministerio Fiscal, que designara un perito economista auditor de cuentas para valorar si el servicio de la bicicleta valía realmente los 10,5 millones de euros desembolsados. El juzgado acordó entonces también la declaración testifical de Pérez Moncada, quien tuvo que acudir a los Juzgados de Plaza Castilla el pasado 31 de julio.

ABC destapó en enero el presunto maquillaje de documentos con Bicimad. El pasado mes de diciembre aparecieron los informes del Ayuntamiento para justificar la compra. Eran los mismos que un mes antes había facilitado a ABC por la vía de la transparencia, pero con grandes diferencias: en los originales no aparecía ni sello, ni membrete, ni firma, ni encabezado, ni fecha de registro. En el renovado documento firmaba Pérez Moncada como «director financiero». En la nueva fecha incluida, el 8 de septiembre de 2016, este cargo no existía en la EMT. Fue en la sesión del 30 de marzo de 2017, casi siete meses después, cuando en el consejo de administración lo creó. Por esta razón, la juez lo llamó a declarar para recabar más pruebas en el caso.

Carlos Sánchez Mato hablará hoy en la Casa de Cisneros de la Plaza de la Villa como ex delegado del área de Economía y Hacienda y vicepresidente del consejo de administración de la EMT. Le sucederán Bernardino Sanz Berzal, director general de Economía y Sector Público, del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y el jefe de gabinete del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en su día.

La comisión se desarrolla un día después de conocerse que el Juzgado de Instrucción Nº 52 de Madrid ha declarado «causa compleja» el caso. Esto quiere decir que, en contra de lo que solicitó la delegada de Medio Ambiente (el archivo y sobreseimiento), la investigación puede continuar en fase de instrucción otros 18 meses más para recabar más pruebas.

En el auto fechado a 7 de agosto, Belén Sánchez Hernández explica que el Ministerio Fiscal interesó la declaración de las actuaciones como «causa compleja». De la Fiscalía se dio traslado a las partes el 4 de julio pasado y, un mes más tarde, el Juzgado de Instrucción Número 52 amplió el proceso al no poder concluirse la instrucción en el plazo de seis meses, tal y como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desde la incoación de las diligencias previas (el 6 de febrero). La abundande documentación que hay que analizar es uno de los motivos que ha derivado en esta decisión.

El PP se querelló en febrero contra Sabanés y Heredia por haber incurrido presuntamente en delitos de malversación y prevaricación en la compra de Bicimad. El Ayuntamiento pagó a la empresa Bonopark 10,5 millones de euros por un servicio que llevó al borde de la quiebra a la entidad privada, con pérdidas mensuales de 300.000 euros, bicicletas y estaciones rotas, robos,... Como denunció este periódico en exclusiva, el servicio amortizado entonces era inferior y no obraban documentos que justificasen dicho importe.