Caso Bicimad: el PP se querella contra Sabanés y el gerente de la EMT por malversación y prevaricación

En la querella recién presentada en los juzgados de instrucción, el PP señala que el servicio de Bicimad se compró «a un precio muy superior al real», ya que, según ha recordado el edil popular, en octubre de 2015, Bonopark anunció al Ayuntamiento que estaba al borde de la quiebra, con pérdidas mensuales de 300.000 euros . Con este argumento, la firma navarra solicitó al Consistorio el reequilibrio económico por 3,4 millones de euros. Ahora Madrid lo evitó pactando en privado asumir el negocio. Por ello, el PP considera que «se produjo un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo que produce un grave daño al patrimonio público ».

Como destapó ABC, en el proceso de compra del sistema público de alquiler de bicicletas no se realizó ningún estudio económico que justificase un precio de compra tres veces mayor que el precio requerido por la propia Bonopark. Los populares también critican que no se informó de este procedimiento en el consejo de administración de la EMT. Asimismo, tal y como informó este diario, en la querella se incluye el posible falseamiento de un informe que aparece firmado por el director financiero de la Empresa Municipal de Transportes, un cargo que no existía hasta seis meses después de la fecha en la que supuestamente fue realizado.

Por todo ello, los populares sostienen que los querellados habrían actuado «de manera negligente y de forma abusiva por no haber cotejado y avalado la información económica» de Bonopark. De esta manera, habrían presuntamente incurrido en un delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal, que contempla penas de dos a seis años de prisión o inhabilitación para un cargo público entre seis y diez años.

Sobre la presunta prevaricación, el PP argumenta que Sabanés y Heredia adoptaron «decisiones arbitrarias e injustas que podrían ser constitutivas de este delito». Para este supuesto, el artículo 404 del Código Penal impone una pena de inhabilitación para cargo público de entre nueve y quince años.

«Hasta en dos ocasiones el autoproclamado gobierno de la transparencia evitó, con el apoyo del PSOE, que el caso Bicimad pudiera ser tratado en una comisión de investigación », ha lamentado Martínez-Almeida, que ha anunciado que volverá a pedir a la alcaldesa de Madrid que alclare este asunto en el Pleno del Ayuntamiento y que se vote en sesión plenaria la creación de la comisión solicitada en noviembre.