De izquierda a derecha, Sánches Mato, Maestre, Sabanés y Heredia, en la presentación de resultados de Bicimad, en 2017
De izquierda a derecha, Sánches Mato, Maestre, Sabanés y Heredia, en la presentación de resultados de Bicimad, en 2017 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La juez pide al TSJM un perito experto para valorar la compra de Bicimad

La magistrada se niega a archivar el caso y solicita la declaración del director financiero de la EMT que pudo falsificar varios documentos

MadridActualizado:

Belén Sánchez Hernández, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, mantiene abierta la investigación de Bicimad por presuntas irregularidades en la compra. Pide, según se interesa el Ministerio Fiscal, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designe un perito economista auditor de cuentas para que valore si el servicio de la bicicleta -que generaba pérdidas mensuales de 300.000 euros a Bonopark- valía realmente 10,5 millones de euros que desembolsó Manuela Carmena.

La juez desestima la solicitud de archivo y sobreseimiento requerida por los querellados, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia. Ambos han sido denunciados por el Partido Popular por incurrir, presuntamente, en los delitos de malversación y prevaricación al hacerse con Bicimad con un supuesto cheque en blanco. Como destapó ABC en exclusiva en noviembre pasado, la Corporación de Ahora Madrid pagó los 10,5 millones de euros sin que constasen auditorías que dieran fe a ese importe, sin informes oficiales y sin que ningún técnico validara dicha cantidad.

Es más, como también adelantó este diario, el 18 de julio de 2016, dos meses antes de que Sabanés suscribiera el contrato de transferencia de Bicimad con Bonopark, el interventor delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Ángel Calonge, advirtió mediante nota interna de que faltaba diversa documentación para asumir el servicio, entre ella, la valoración del precio. El experto funcionario detallaba que se trataba de una «municipalización de hecho» y que el Consistorio tenía que informar a la Asesoría Jurídica. Ningunas de sus recomendaciones se tuvieron en cuenta y su documento se archivó, iniciándose otro expediente, y esquivando el departamento jurídico municipal.

Ante este hecho, la magistrada ha pedido que se informe «sobre la naturaleza y carácter de las notas internas». Desde el Área de Sabanés se justificó mediáticamente que el informe de Calonge «caducó», aunque este respondió en la comisión de investigación que echó a rodar en abril que no era habitual que las notas internas caducaran.

El juzgado ha acordado la declaración testifical de David Pérez Moncada, director financiero de la EMT, el próximo 31 de julio a las 9.15 horas. Se trata del empleado que supuestamente falseó un documento para certificar la compra. El Ayuntamiento maquilló en diciembre los papeles que facilitó a ABC un mes antes por la vía de la transparencia para justificar el precio que se abonó por Bicimad. En los originales no aparecía ni sello, ni membrete, ni firma, ni encabezado, ni fecha de registro. En el renovado informe firmaba Pérez Moncada como «director financiero». El error que cometió fue que en la nueva fecha incluida, el 8 de septiembre de 2016, este cargo no existía en la EMT. Fue en la sesión del 30 de marzo de 2017, casi siete meses después, cuando en el consejo de administración creó el departamento.

Lo primero, las diligencias

Sobre las pruebas solicitadas por el PP que encabeza José Luis Martínez-Almeida, entre ellas la declaración en calidad de imputados para Sabanés y Heredia, la magistrada ha estimado que hasta que no se practiquen todas las diligencias previas mencionadas en la providencia «no se resolverá lo demás que sea procedente». «La jueza ha desestimado la petición de archivo solicitada por Sabanés», manifiesta Almeida.

Dada la dificultad de la temática, Sánchez Hernández va a iniciar los trámites para declarar compleja la instrucción del caso, como también ha solicitado el Ministerio Fiscal. Esto implica que Bicimad puede continuar en esta fase en los tribunales hasta 18 meses más.