Un año de apagón en la Cañada Real: «Somos personas, nadie nos da una solución inmediata»

Hasta 4.500 personas, unas 1.200 familias, han tiritado de frío o se han asado de calor entre casas de cartón o ladrillo visto (en el mejor de los casos) en medio de una pandemia que a muchos ha dejado, además, sin el trabajo precario con el que malvivían. Así lo han denunciado también el Defensor del Pueblo y Naciones Unidas, que ponen especial énfasis en la problemática infantil.

Quienes tienen paneles solares salen adelante como pueden. Otros enganchan la luz. La rutina es cada día la misma. Calentar agua en ollas, ponerla en un barreño y dedicar una parte para el aseo personal. A los niños los bañan «como antiguamente se hacía en los pueblos» , explica Houda Akrikez, vecina del sector VI, actualmente el más afectado por la falta de luz, y activista de la asociación Tabadol.

No quieren ni recordar cómo lo pasaron en enero, cuando Filomena hizo estragos. «Como no había carreteras habilitadas y los supermercados quedan lejos, nos quedamos aislados. Hubo gente a la que tuvieron que ingresar por intoxicaciones de gas, al utilizar butano para calentarse. Y también, la mayoría niños, hospitalizados con síntomas de congelamiento », asegura.

Por ello, no quiere pensar en los próximos meses, cuando regrese el frío: «Los paneles no son suficientes para poner el calentador de agua, la lavadora, la nevera, la estufa… Vamos a vernos en la misma situación que hace un año, cuando nos cortaron la luz. Tiene que haber una solución inmediata. Queremos contratos y pagar la luz».

Markel Gorbe, el comisionado de la Cañada Real, explica a ABC que están trabajando «con todos los grupos parlamentarios y las distintas Administraciones implicadas». «A pesar de que la Comunidad no tiene competencias sobre la luz, tenemos constancia de que existen más de 1.500 enganches ilegales que hacen que sigan teniendo luz, ya que se conectan a medios alternativos como paneles solares o grupos electrógenos. De hecho, por ello también existen plantaciones de marihuana que se nutren de esa electricidad ilegal», añade.

Gorbe considera que «se trata, por lo tanto, de una cuestión de legalidad que genera un problema para la seguridad de las familias, que es lo que nos preocupa seriamente». Recalca que ya se han puesto en contacto «con los Ayuntamientos de Rivas y Madrid para que activen ya los servicios de atención social ante el frío». Hasta el momento y durante los dos próximos años habrán realojado a más de 300 familias.

El 2 de octubre de 2020 quedó suspendido el abastecimiento de electricidad en el poblado. De las 1.200 familias iniciales, quedan sin luz unas 700, del sector VI (correspondiente al distrito de Villa de Vallecas, en Madrid capital). Entonces, se sucedieron las protestas vecinales, con cortes de tráfico en la A-3 y la intervención de la Policía. Paralelamente, afloraron las plantaciones de marihuana, a las que, recientemente, el consejero de Transportes, David Pérez, culpó de la falta de suministro. Señaló a la Delegación del Gobierno como la responsable de acabar con ellas y, por ende, con el problema de la electricidad.

El 7 de enero, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; al de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, y al entonces delegado del Gobierno, José Manuel Franco. En pleno temporal de Filomena, argumentaba «rotundamente» que la eléctrica «nunca ha cortado el suministro en la Cañada Real ni ha instalado limitadores de potencia en sus instalaciones».

«El suministro se ve interrumpido constantemente en el sector VI y esporádicamente en el sector V a consecuencia de elevadas sobrecargas en la red que provocan la actuación automática de las protecciones de los propios equipos», afirmaba. Algo que se venía produciendo «en los últimos meses», superando «un 70% los consumos registrados en los años pasados». El consumo en cada construcción de esa zona era «siete veces el de una vivienda en España». Y decía que solo había «cuatro clientes debidamente dados de alta», por lo que no podían comprobar las 1.500 conexiones de las que se hablaba entonces.

Días después, a petición del Ayuntamiento de Rivas, Naturgy acababa con los enganches ilegales en el sector V , por lo que ahora, aseguran los vecinos del VI, son 700 familias las afectadas, unas 3.400 personas, de las que calculan que entre 900 y 1.000 son menores de edad.

Los vecinos han llevado el asunto a los tribunales. El juzgado de Instrucción número 42 de Madrid archivó la denuncia, pero, tras admitir el recurso de los querellantes, la Audiencia Provincial le ha obligado a reabrir el caso e investigarlo . La primera diligencia, hace unos días, ha sido nombrar a un perito independiente que redacte un informe. Se está a la espera de que el experto firme su disposición a hacer el trabajo y, mientras, los residentes están recabando datos para aportar a la causa.

Desde el departamento jurídico que lleva el caso afirman que lo fundamental es que «haya voluntad política». En Tabadol, insisten: «Tenemos la sed de seguir luchando por nuestro objetivo, que son los contratos y que nos garantizan ser ciudadanos de pleno derecho, somos personas».

Sus críticas van hacia la Comunidad, sobre todo: «Durante Filomena lo que hizo fue ponernos unos albergues que ni siquiera cumplían las condiciones de prevención de contagios de Covid, el espacio no era adecuado . Nosotros tenemos nuestros hogares y no necesitamos un albergue, sino tener luz », se quejan, e insisten en que «Naturgy ha puesto imitadores de potencia de electricidad para no permitir el suministro eléctrico».