Un lobby independentista presiona a España en su examen ante la ONU denunciando «ataques» al vasco, catalán y gallego

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destinado a que los Estados miembros revisen la actuación del resto en este ámbito. A España le toca el turno el próximo 30 de abril en Ginebra (Suiza), pero ELEN celebrará una reunión el día anterior en el mismo Palacio de Naciones Unidas con «representantes interesados» de otros Estados,

La iniciativa forma parte de una estrategia mayor, que parte de un informe elaborado a finales del año pasado en colaboración con Omnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Kontseilua, A Mesa, Acció Cultural del País Valencià y Obra Cultural Balear, Iniciativa pola Asturianu. En él señalan «los ataques en curso que afectan a las lenguas oficiales catalán, vasco y gallego, así como a las lenguas no oficiales asturiano y aragonés».

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Según ha podido saber ABC, dicho informe ya se ha hecho llegar a los representantes de los países que participarán en esta «revisión por pares» a España en materia de Derechos Humanos. Así, la cita del día 29, previa al examen oficial en la ONU, tiene como propósito profundizar en los aspectos que cita el documento, para todos aquellas personas interesadas y que estén implicadas en el proceso examinador.

Entre ellos, la supuesta estrategia judicial en contra de la inmersión lingüística en Cataluña, a causa de la sentencia del TSJ de Cataluña, refrendada por el Tribunal Supremo, que obliga a garantizar una cuarta parte de las clases en castellano y desoída por la Generalitat. «Un pequeño grupo de padres y madres castellanoparlantes ha llevado a cabo una campaña continua para que el 25% de las clases se impartan en castellano, socavando así el modelo de inmersión», afirman desde ELEN en referencia a casos como el de la familia de Canet.

También, en lo relativo al valenciano, se centra en la ley de libertad educativa o también conocida como 'Ley Rovira', impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón, que sometió a consulta entre las familias (ganando el valenciano por estrecho margen) la decisión de aplicar el castellano o el valenciano como lengua vehicular. Denuncian que está «diseñada deliberadamente para reducir drásticamente la presencia del valenciano en las escuelas» y exigen su derogación inmediata.

En cuanto al euskera y al gallego, de forma más genérica, señalan las «dificultades de la ciudadanía» para utilizar su lengua en servicios públicos, como por ejemplo en la atención sanitaria o los procesos judiciales. Y, más allá de las lenguas cooficiales, el informe pide la oficialización del asturiano y el aragonés y «un mayor apoyo para su recuperación» lingüística.

«España necesita abordar urgentemente los diversos problemas que afrontan el catalán, el euskera y el gallego. Si bien celebramos los esfuerzos del Gobierno español para oficializar estas tres lenguas en la UE, también necesitamos ver avances sobre el terreno y que se adopten las medidas recomendadas en nuestro Informe«, dice el Secretario General de ELEN, Davyth Hicks.

Desde 2008, el EPU es un mecanismo de revisión al que tienen que someterse los Estados miembros de Naciones Unidas cada cuatro años. En él se revisan las recomendaciones emitidas en la cita anterior y su grado de cumplimiento. Además, se reciben nuevas reclamaciones tanto por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como por «las partes interesadas sobre España», donde se enmarcaría ELEN, además de otros muchos grupos.

Por ejemplo, en la información que ya ha sido enviada y que figura en la página del EPU, pueden encontrarse quejas de Ómnium relativas a una supuesta «aplicación inadecuada» de la ley de amnistía, reclamando su aplicación «sin injerencias políticas ni interpretaciones arbitrarias». También crear «un mecanismo internacional de vigilancia» para supervisar su funcionamiento.