Lesmes consuma su amenaza y dimite tras el bloqueo de PSOE y PP para renovar el Poder Judicial

En una declaración institucional que se hizo pública al filo de las ocho y media de la tarde de este domingo, Lesmes señala que después del llamamiento del pasado 7 de septiembre para que se adoptara una «solución definitiva» al colapso al que se ha visto abocado el Tribunal Supremo por la reforma que prohíbe a CGPJ hacer nombramientos y de las exhortaciones en el mismo sentido hechas por el comisario de Justicia de la Unión Europea en su visita a España, «los contactos desarrollados estos últimos días, de los que he sido informado», no han dado resultado positivo alguno. Minutos después de su anuncio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a un encuentro hoy en Moncloa.

«Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable«, señala.

Y aunque ya lo anunció previamente, para salir al peso de las insinuaciones que relacionaban su interés por renovar el TC con algún tipo de «compensación» por parte del Gobierno, Lesmes aclara que solicitará de forma inmediata volver al servicio activo en la carrera judicial y se incorporará a su destino en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, una de las más perjudicadas por la falta de cobertura de vacantes (ya cuenta con nueve).

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En su declaración institucional Lesmes recuerda que el 7 de septiembre no fue la primera vez que instó al desbloqueo de las negociaciones. «Ya en 2018, antes de que venciera el periodo de cinco años para el que fue elegido el actual Consejo, y con el afán de asegurar la dignidad y estabilidad institucionales, expresé mi confianza en que las Cortes Generales cumplirían con su deber constitucional», apunta.

Desde ese momento, «ante la infracción reiterada del plazo, me he dirigido en numerosas ocasiones a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado reclamando el cumplimiento del mandato constitucional y lo mismo ha hecho reiteradamente el Pleno del Consejo».

Desvela Lesmes que desde su anuncio en la apertura del Año Judicial se ha dirigido «de forma reservada» a los principales responsables políticos, ya no solo para insistir en esa urgente renovación, sino para que, si no pensaban retomar las negociaciones, al menos devolvieran al Consejo las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas. «Ninguna de estas gestiones ha dado el fruto esperado».

El presidente del Supremo alude también a la visita del comisario Didier Reynders, y a cómo a tras los encuentro que mantuvo con implicados (y afectados) en la renovación, urgió a que «de forma inmediata», se resolviera la situación de bloqueo y se abordara a continuación la reforma del modelo de elección de vocales de procedencia judicial, «sin que los contactos desarrollados estos últimos días a raíz de esa visita, de los que he sido informado, hayan dado resultado positivo alguno».

«Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizás durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la Justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho».

Nada dice Lesmes de qué ha cambiado del viernes hasta ayer para no dar este paso ese día, como contaban todos los vocales y, lejos de ello, convocara un Pleno extraordinario el próximo jueves 13 para abordar los nombramientos de los dos magistrados que permitirán, junto con los dos del Gobierno, invertir las mayorías en el TC dejándolo en manos de los progresistas.

Ante la falta de acuerdo entre los negociadores designados a tal efecto el único escenario que se abría ya era el de unos nombramientos hechos con los votos de los ocho progresistas, a los que pensaba sumarse Lesmes con el magistrado Wenceslao Olea y para el que necesitaban dos votos del sector conservador que, al mantenerse unido, iba a hacer fracasar la votación.