Crisis judicial, crisis de Estado

La intención de Lesmes con su renuncia es hacer visibles las dimensiones de un problema que, tras la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Ryenders, se ha convertido también en un problema europeo. El actual sistema parlamentario de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ es inviable, después de haber probado distintas fórmulas para matizarlo con una intervención preliminar de la carrera judicial para proponer candidatos. Al final, si la designación depende de los partidos estos no harán otra cosa que caer en el vicio de inconstitucionalidad del que ya advirtió el Tribunal Constitucional en 1986: que los grupos políticos proyecten sobre el CGPJ sus cuotas de poder parlamentario. La situación está enquistada en unos términos que repelen el concepto de independencia judicial defendido por la UE y el Consejo de Europa. Una y otro han insistido en que la mayoría de los integrantes del CGPJ deben ser elegidos por los jueces. Se podrá estar más o menos de acuerdo con esta afirmación, pero es la que fija el estándar europeo de independencia judicial, el mismo que se les ha exigido a húngaros y polacos. No hay que olvidar que el PSOE mutiló las competencias del actual CGPJ para que no pudiera designar magistrados del TS, pero se las ha repuesto parcialmente solo para lograr la renovación parcial del TC, objetivo por el que se desvive el Gobierno.

La dimisión de Lesmes no alterará las posiciones del Gobierno y del PP, entre otras razones porque el propio presidente del CGPJ y del Supremo se encargó de amortizarla al anunciarla con tanto tiempo. Por otro lado, su renuncia no resuelve nada en concreto, remarca el fracaso histórico del sistema actual de gobierno de los jueces, pero no aporta motivos para que el Gobierno y los populares cambien de criterio. Quizá esa renuncia habría tenido más sentido al primer año de prórroga del actual CGPJ, pero en el quinto resulta cuestionable. De hecho, genera un nuevo problema en el seno del CGPJ en torno a quién debe sucederle, porque hay una clara contraposición entre el criterio de los letrados del órgano de gobierno de los jueces –que señalan al presidente de la Sala Primera del TS, Francisco Marín Castán– y el de los vocales, tanto conservadores como progresistas, que defienden a quien sea de entre ellos el de mayor antigüedad en la carrera judicial.

Enfrascada en otros asuntos, algunos de menor cuantía y otros de más gravedad, la sociedad española está saturada con la cuestión judicial, pero su importancia es extrema. Ha dimitido el máximo representante de uno de los tres poderes del Estado y la reacción de los responsables políticos debería ser algo más que un encogimiento de hombros o un mero reajuste de tácticas para mantener al poder judicial en una crisis que es anticonstitucional y antidemocrática.