El CGPJ pone en bandeja a Lesmes su dimisión sin renovar antes el Constitucional

Aunque la semana pasada el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, abrió la puerta a un pleno extraordinario para el 13 de octubre -si no era posible convocarlo para hoy por falta de acuerdo, como ha sucedido- no está nada claro que ese día vaya a celebrarse esa reunión, al menos no bajo el presupuesto de esas «amplias mayorías» que desean los negociadores de ambos bloques. Tampoco lo está que Lesmes aguante en su puesto hasta ese momento, teniendo en cuenta que el día anterior es la Fiesta Nacional y tendría que acudir como autoridad del Estado un mes después de una amenaza de dimisión a la que puso fecha: si Gobierno y PP no desbloqueaban ya el CGPJ o no se devolvían al Consejo las competencias hurtadas para poder cubrir las vacantes del Supremo se iría «en las próximas semanas», advirtió.

La realidad es que cualquier posibilidad de acuerdo en estos momentos entre los dos bloques negociadores del CGPJ se ha desvanecido y esta situación pone en un brete a Lesmes, que planeaba dimitir con la renovación del Tribunal Constitucional, si no resuelta, sí al menos encauzada.

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Y es que planeando sobre esa mesa de negociación está el enorme malestar de conservadores y progresistas con su presidente por la forma en la que ha gestionado su dimisión, «en diferido» y pretendiendo dejar resuelta su sucesión mediante un informe sobre el que el Pleno del Consejo no ha opinado. Ahora Lesmes es el único que parece tener prisa.

Tras una reunión «cordial» que se prolongó durante casi tres horas, los negociadores del bloque conservador (Carmen Llombart y Antonio Ballestero) pusieron sobre la mesa la necesidad de esperar más tiempo para ver si la visita del comisario de Justicia europeo Didier Reynders a España la semana pasada da finalmente resultados. Insistieron, además, en su deseo de que estos nombramientos se lleven a cabo con «amplias mayorías», como ha sucedido en cada renovación del TC en la que ha intervenido el Consejo.

A esto se añade que, después de tres intentos, los conservadores, mayoría en el Consejo, no encuentran magistrados del Tribunal Supremo dispuestos a ir al TC, aunque, según comunicaron a sus interlocutores, confían en que una vez que se resuelva el colapso en el Supremo -derivado de la imposibilidad de cubrir sus vacantes- la situación sea otra. En este sentido, Llombart y Ballestero aludieron a la necesidad de que el TC resuelva ya el recurso contra la reforma que recortó las atribuciones del CGPJ, pues una eventual declaración de inconstitucionalidad de esa ley arreglaría en parte el problema de su plantilla y sería un incentivo para magistrados que en estos momentos y en el actual contexto se muestran reticentes a abandonar el Alto Tribunal.

Los progresistas, por su parte, trasladaron a sus interlocutores que, tras reuniones internas de su grupo, sus nueve candidatos iniciales han quedado reducidos a tres y que estarían dispuestos a concretar «formalmente y de forma inmediata» un candidato «de excelencia y perfil jurisdiccional y jurídico intachable e inobjetable». Como informó ABC, parten como favoritos de este grupo los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés y Pablo Lucas, este último hermano del vocal Enrique Lucas, que lógicamente se tendría que abstener en la votación.

«A la vista de la situación, sin perspectiva de algún acuerdo inmediato (...) hemos decidido dar cuenta al presidente de la falta de horizonte temporal y concreto de los trabajos de la comisión negociadora e iniciar desde hoy mismo la exploración de otras vías alternativas» con la voluntad de «cumplir en el plazo más breve posible con el mandato y las funciones de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial asignan al Consejo General del Poder Judicial», señalan los negociadores de este grupo.

Lo cierto es que ese «explorar otras vías» aleja la posibilidad de esas «amplias mayorías» a la que reunión tras reunión vienen aludiendo los representantes de los dos bloques, conscientes de que los nombramientos tienen que ser fruto del consenso. No en vano los candidatos tienen que salir adelante con 12 de los 19 votos de los miembros que actualmente integran el Consejo, tras el fallecimiento de María Victoria Cinto y la jubilación de Rafael Fernández Valverde. Teniendo en cuenta que los progresistas son ocho se requerirían otros cuatro votos, lo que implicaría fugas en el bloque conservador aun contando con que Lesmes y el también magistrado Wenceslao Olea votarán con los progresistas. Faltarían otros dos.

En el Pleno en el que el pasado 8 de septiembre se acordaron las reglas y el marco de negociación para el nombramiento de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional se dejó abierta la posibilidad de que, además de hacerlo el presidente, cinco vocales pudieran solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario que «deberá incluir una propuesta con los nombres de dos candidatos». Esta es la opción que con más posibilidades parece abrirse paso.