La Junta Electoral allana el camino para que Puigdemont deje de ser eurodiputado

Esta es la conclusión de la carta de diez páginas que la Junta española va a remitir a la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, después de que ésta le pidiera la «lista completa» de los eurodiputados españoles que resultaron oficialmente electos tras los comicios de 2019, quejándose de que la lista que recibió solo contiene 55 nombres de los 59 escaños que corresponden a nuestro país. «La Junta Electoral Central considera que el señor Puigdemont no ha adquirido la condición plena de diputado al Parlamento Europeo, al no haber cumplido el requisito de acatamiento constitucional previsto en el artículo 224.2 de la Ley Electoral», subraya la misiva, en una formulación que se repite para los tres exconsejeros. La suspensión temporal de su reconocimiento como eurodiputados debe mantenerse «hasta que se produzca ese acatamiento (de la Carta Magna)», señala la Junta Electoral.

Fuentes del gabinete de la presidenta Roberta Metsola declinaron hacer comentarios sobre esta nueva vuelta de tuerca al enredo jurídico que rodea la presencia en la Eurocámara de los huidos de la Justicia española. En medios próximos a la presidenta se había llegado a confiar en que la Junta aplazara su respuesta hasta el final de la legislatura para evitar tener que entrar en esta espinosa decisión, pero ahora lo que procede según la práctica habitual será el envío de la carta al servicio jurídico de la Cámara, que deberá redactar su propio dictamen sobre las consecuencias de la decisión de atribuirles la condición de eurodiputados y en su caso sobre la validez de las votaciones en las que hubieran participado, si resulta que el caso termina retirándoles su condición.

La presidenta de la Cámara comunitaria deberá decidir ahora si continúa reconociendo a Puigdemont y los tres exconsejeros fugados como eurodiputados siguiendo la interpretación de su predecesor, el socialista italiano David Sassoli, ya fallecido, o si procede a despojarles de tal condición al constatar que dicha interpretación vulnera la legislación española.

En su respuesta, el árbitro español insiste en dejar claro que la culpa del laberinto jurídico que se abre ahora no es suya. Para ello, recuerda que «comunicó oportunamente «al Parlamento Europeo que esos cuatro candidatos» no habían cumplimentado las exigencias recogidas en la legislación española, por lo que se aplicaban las consecuencias previstas en ella» (la no formalización de su condición de eurodiputados). Asimismo, insiste en que el motivo por el que «no ha podido otorgar» la credencial a los cuatro independentistas ha sido «la negativa» de estos a «cumplir un requisito establecido en la legislación electoral vigente, y que conforme a ella impide la adquisición de la condición plena de diputado al Parlamento Europeo». Esa exigencia es la jura de la Constitución. Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé se negaron a realizarla para evitar ser detenidos por los presuntos delitos que cometieron durante el ‘procés’ y por los que son perseguidos por la Justicia, ya que el acatamiento debe realizarse ante la Junta Electoral Central y, por tanto, en suelo español.

Sassoli decidió reconocer a Puigdemont y los tres exconsejeros fugados como eurodiputados al interpretar la sentencia prejudicial del Tribunal de Luxemburgo planteada por Oriol Junqueras y en la que se afirma que la simple publicación del resultado electoral les legitimaba como parlamentarios. La carta recuerda ahora a Metsola que esa sentencia ya era conocida por el Tribunal Supremo español cuando falló que la Junta Electoral actuó conforme a derecho al no expedir la credencial a Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé. La ley electoral española no se contradice con la sentencia prejudicial y no cuestiona que un candidato electo obtiene su condición en el momento de la proclamación de los resultados, pero en el artículo 224 establece que sus funciones y prerrogativas «quedan en suspenso» si en el plazo de cinco días no procede al acatamiento de la Constitución.

A petición de la Justicia española, Puigdemont y los otros huidos de la Justicia ya han sido desposeídos de la inmunidad parlamentaria por la propia Cámara, pero ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Luxemburgo, que todavía no se ha pronunciado sobre el caso. Si se confirma, la Justicia belga estaría legitimada para entregarlos a España.