A juicio la vicepresidenta de Ceuta y la exdelegada del Gobierno por las expulsiones de menores a Marruecos

En un auto al que tuvo acceso ABC, la instructora María Victoria Rodríguez Caro ordena la apertura de juicio oral para ambas, que afrontan penas de inhabilitación para cargo electo y empleo o cargo público de al menos 12 años, como piden la Fiscalía y la acusación popular que ejerce L' Escola AC, pero que pueden llegar a los 15 años que insta la Red Española de Ayuda al Refugiado.

Los hechos se remontan al verano de 2021, cuando, en plena crisis diplomática con Marruecos, miles de personas cruzaron a Ceuta a pie o a nado por la zona del Tarajal sin que sus fuerzas de seguridad hicieran nada por impedirlo. Si bien fueron muchos los que sobre la marcha, al cabo del día se dieron la vuelta y otros tantos interceptados y entregados al otro lado de la frontera, al cabo de unas semanas permanecían más de 800 menores no acompañados marroquíes en la ciudad autónoma, ya fuese alojados en pabellones deportivos improvisados, ya fuese en situación de calle.

En este contexto, la vicepresidenta de Ceuta, en coordinación con la delegada del Gobierno en la ciudad, articularon un sistema con el objetivo de devolver a un primer contingente de 145 esos menores a su país. Lo harían por la frontera, en grupos de quince en quince y allí, se harían cargo de los chicos las autoridades marroquíes coordinadas con una organización de protección de la infancia.

La ONG Coordinadora de Barrios, como Fundación Raíces, acudieron a los tribunales cuando comenzaron los retornos, denunciando que no se estaban cumpliendo los preceptos de la legislación de extranjería y que las entregas eran así, ilegales. Un juez paró las deportaciones y el Gobierno y Ceuta se vieron así forzados a suspender el mecanismo.

Finalmente, la justicia acabaría dando la razón a las ONG. Una sentencia dictada en Ceuta condenó al Gobierno a traer de vuelta a los 55 niños que acabaron expulsados de ese modo, sin entrevista personal, sin expediente individual, sin una correcta identificación y sin derecho a recurso. Aún tiene recorrido por la vía del recurso.

Faltaba por depurar una posible responsabilidad penal y fue la Fiscalía quien cogió el testigo. Se querelló contra la vicepresidenta de la Ciudad y contra la Delegada del Gobierno por orquestar aquel operativo a sabiendas de que no gozaba de cobertura con el acuerdo bilateral España-Marruecos sobre devolución de menores del año 2007 que estaban esgrimiendo. Entre otras cosas, porque ese mismo acuerdo comprometía a España a acatar su propia ley. 

Tras la instrucción, en la que se tomó declaración entre otros, a personal de los servicios de Infancia de Ceuta que testificaron haber advertido de la ilegalidad, la fiscal Silvia Rojas llegó a la conclusión de que ambas responsables habrían incurrido en ilícitos de prevaricación administrativa continuada, en tanto que siguieron adelante a sabiendas de que no se ajustaba a Derecho.

«Decidieron de común acuerdo practicar la devolución de los menores, sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran», dice el escrito de acusación, adelantado por ABC.

Para la Fiscalía, ambas «eran perfectamente conocedoras del ilícito» puesto que no se abrió expediente alguno para ninguno de los menores; no recabaron información previa para determinar si alguno de ellos se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen; tampoco solicitaron informe previo al Ministerio Público; y en ningún caso se permitió que los jóvenes pudieran presentar alegaciones en contra de su repatriación.

El Ministerio Público insta 12 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, así como la perdida de los honores asociados a la condición de Delegada de Gobierno/Vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, más las costas.