La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la vicepresidenta de Ceuta y la delegada del Gobierno

«Decidieron de común acuerdo practicar la devolución de los menores, sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran», expone la fiscal del caso, Silvia Rojas.

Las repatriaciones se registraron a mediados de agosto de 2021 con la intención de devolver a Marruecos a 145 menores de los más de 800 que poblaban la ciudad desde mayo, cuando unas 12.000 personas cruzaron la frontera azuzadas por las autoridades alauís. Un juzgado Contencioso paró el proceso y finalmente, la Administración fue condenada por repatriar sin garantías. Pero para entonces 55 jóvenes ya habían sido obligados a abandonar Ceuta.

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Todo ello– de acuerdo a la Fiscalía– por decisión de las acusadas, sin tener competencia para ello, «sin tramitar procedimiento alguno y sin constatar si concurrían los presupuestos legales habilitantes y por lo tanto, con flagrante infracción a la ley de Extranjería». Pero no sólo. También incumpliendo la «Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989», destaca la Fiscalía. «Eran perfectamente conocedoras del ilícito», apuntala.

Pues no incoaron expediente alguno para ninguno de los menores; no recabaron información previa para determinar si alguno de ellos se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen; tampoco solicitaron informe previo al Ministerio Público; y en ningún caso se permitió que los jóvenes pudieran presentar alegaciones en contra de su repatriación.

El 13 de agosto de 2021 la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora del Carmen Mateos, "remitió, en ejecución del plan concebido con la vicepresidenta de la ciudad autónoma y a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico, un oficio a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta para que realizaran las "actuaciones pertinentes" para su retorno a Marruecos, sostiene el Ministerio Público.

Tanto Deu como Mateos han venido declarando en el juzgado que toda la actuación de Ceuta estuvo amparada por el Ejecutivo central, y que el mecanismo elegido para devolver a los menores se hizo en base a un acuerdo bilateral con Rabat de 2007 que igualmente exige «observancia estricta» de la legislación nacional.

Deu aseguró en su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma que durante el proceso tuvo comunicación directa con la entonces jefa de gabinete de la que era vicepresidenta, Carmen Calvo, a la que mantuvo al tanto y que habría ejercido funciones de interlocución en este asunto con otros ministerios. Llegó incluso a pedir la testifical del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y a la que entonces era jefa de Gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, Isabel Valdecabras. El juzgado lo rechazó.