Los jueces ya votan todos sus órganos de gobierno menos el CGPJ

Aunque Sánchez presumía de propuestas en esa línea cuando estaba en la oposición, tan pronto como llegó a Moncloa las olvidó. Lo mismo que hizo el PP con Aznar y Rajoy. Ahora el Gobierno se aferra a que los grupos políticos son los únicos que pueden y deben repartirse todo este órgano, fundamental para el Poder Judicial por sus importantes competencias, como decidir quién preside los principales tribunales, nombrar a los magistrados del Supremo, sancionar a los jueces o emitir informes sobre iniciativas legislativas, entre otras.

Por eso el Ejecutivo de Sánchez sigue ignorando las recomendaciones de una UE que le insta, cada vez de forma más clara, a que los jueces elijan directamente al menos la mitad del CGPJ, en concreto los 12 vocales que la Constitución fija que deben pertenecer a la propia Carrera Judicial, mientras que los ocho restantes los seguirían eligiendo el Congreso y el Senado entre juristas de reconocido prestigio, como abogados, fiscales o catedráticos.

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Y por eso el Gobierno desprecia la propuesta formal que registró el PP en el Congreso hace dos semanas para llevar a cabo esa reforma, que el principal partido de la oposición pone ahora como condición para renovar el CGPJ tras cuatro décadas repartiéndoselo con el PSOE, como ha estado a punto de hacer varias veces en esta misma legislatura, la última de ellas el pasado mes de octubre.

Esa postura de la izquierda choca con lo que ya ocurre en la Justicia de nuestro país y desde hace tiempo. En cada comunidad autónoma hay un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y cada uno de ellos cuenta con una sala de gobierno, que hace funciones equiparables a las del CGPJ a nivel nacional. El número de miembros de esos órganos varía en función de las dimensiones de cada región: desde una treintena en las más grandes, como Andalucía o Castilla y León, hasta ocho en las uniprovinciales, como Madrid, Asturias o Murcia.

En todas las regiones el 50% de los miembros de la sala que gestiona su TSJ «son elegidos democráticamente por los jueces y magistrados de la comunidad autónoma», como explica el propio Consejo General del Poder Judicial. Y lo hacen a través de elecciones en las que se puede presentar y votar cualquiera de ellos sin que interfiera ningún partido político ni Parlamento autonómico. La otra mitad la componen miembros natos, como el presidente de ese TSJ y los de las Audiencias Provinciales de la región en cuestión. La duración de esos mandatos es de cinco años, exactamente igual que en el CGPJ.

Esa misma fórmula se repite no sólo en los 17 Tribunales Superiores autonómicos, sino también en otros de ámbito estatal como el Supremo (TS) o la Audiencia Nacional, donde cada juez puede elegir con su voto la mitad de sendas salas de gobierno. Las últimas elecciones se celebraron a finales de 2019 y nadie de la izquierda se quejó entonces ni ahora de que los jueces elijan cada cinco años a cientos de miembros en los órganos de gobierno de los principales tribunales: 109 entre todos los TSJ, cinco en el Supremo y tres en la Audiencia Nacional, además de otros tantos suplentes. En total, más de 200 jueces votados por sus compañeros sin ninguna intervención de los partidos políticos.

Así votan los jueces y fiscales sus propios órganos de gobierno

Miembros natos

Altos cargos de cada tribunal o Fiscalía

Miembros electos

Votados directamente por todos los jueces o fiscales de esa jurisdicción

Tribunales

Superiores

de Justicia

Consejo

Fiscal

Tribunal

Supremo

Audiencia

Nacional

En %

En número

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3

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50

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5

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ABC

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Algo parecido ocurre con los fiscales y su equivalente, el Consejo Fiscal, que asesora a la Fiscalía General del Estado para gestionar esta institución también clave en el funcionamiento de la Justicia. Tres cuartas partes, 9 de sus 12 miembros, son votados cada cuatro años por los cerca de 2.500 fiscales que hay en España. Los otros tres son natos: el teniente fiscal del Supremo, el fiscal inspector jefe y el fiscal general, que lo nombra el Gobierno. Esas elecciones se celebraron el pasado mes de mayo.

En contra de lo que insinúan el Ejecutivo y quienes comparten su empeño en mantener este reparto partidista de PSOE y PP, ninguno de estos órganos son judiciales. Ni el CGPJ ni las salas de gobierno son Poder Judicial, al que representan única y exclusivamente todos y cada uno de los 5.500 jueces en sus respectivos juzgados y tribunales. La mitad ni siquiera pertenece a ninguna asociación profesional.

Así, jueces y fiscales ya pueden votar el 50% de los órganos que gestionan el Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ y más todavía en el de la Fiscalía General. Y nadie lo califica de «barbaridad democrática», como hizo la semana pasada el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, con la propuesta del PP para implantar un sistema semejante en el CGPJ, único órgano de gobierno de la Justicia española donde los jueces no votan el 50%. Y el único que la izquierda se empeña en que siga dependiendo de repartos partidistas. De la veintena de países de la UE con un órgano similar, sólo en dos los jueces no eligen de forma directa al menos una parte: España y Polonia, al que las instituciones comunitarias ya han sancionado por sus injerencias en el Poder Judicial.