El Gobierno chantajea al PP: si no se renueva el CGPJ no se nombrará al último magistrado del Constitucional

Pero con los últimos acontecimientos la situación del Constitucional dista todavía de estar plenamente normalizada. Sigue registrando la anomalía de que el nuevo pleno presidido por Conde-Pumpido estará solo conformado por once magistrados. Desde el pasado mes de julio está vacante el puesto que correspondía a Alfredo Montoya.

En las recientes negociaciones para desbloquear el CGPJ, el Gobierno y el PP acercaron posturas. Dentro del pacto global que se cocinaba se incluía también el compromiso socialista para favorecer la elección del sustituto de Montoya, cuyo nombramiento corresponde al Senado y que debería representar al sector conservador. Es decir, le correspondería elegirlo al PP. Pero con la ruptura de las negociaciones a finales de octubre, después de la conversación telefónica en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que iba a eliminar el delito de sedición, ese punto también quedó en suspenso. Y el reciente desbloqueo del TC y la renovación de su presidencia no van a ir acompañados del nombramiento del magistrado vacante. Fuentes de la cúpula del Gobierno confirman que el grupo parlamentario socialista en el Senado no va a facilitar ese nombramiento «mientras el PP no acceda a renovar el CGPJ».

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Así, la mayoría progresista del TC se articula en un muy favorable 7 contra 4 para el bloque progresista. En lugar de un 7 frente a 5. Además, con esa composición el voto de calidad del presidente pierde efecto. Si bien eso favorecería por lo general a los intereses del Gobierno con Pumpido al frente. Este nuevo TC tendrá que afrontar recursos sobre buena parte de la política legislativa del Gobierno. Así como de otros asuntos cruciales como la ley del aborto. Y al PP le interesaría que esa vacante del Senado se cubra porque eso equilibraría las fuerzas. Si bien, en cualquier caso, el reparto de fuerzas será siempre muy contrario a sus intereses.

Ahora mismo ese proceso de renovación está abierto. Pero en punto muerto. Mientras el Gobierno no diga lo contrario. Se requiere el apoyo de tres quintos del pleno del Senado para poder proceder a ese nombramiento. Algo que solo puede producirse en la Cámara Alta con un acuerdo entre el PSOE y el PP.

El reglamento estipula que los parlamentos autonómicos deben enviar al Senado propuestas para proceder al nombramiento. Ahora mismo el plazo está prorrogado. Una solicitud de prórroga que se produjo cuando las negociaciones para renovar el CGPJ estaban abiertas. Y a solicitud de varios parlamentos autonómicos. Hasta la fecha solo las Cortes de Aragón han remitido a su candidato. Y no es desde luego de una figura de consenso ni alguien que pueda apoyar el PP. Más bien todo lo contrario. Se trata de José Ricardo de Prada. Un nombre que en muchos momentos ha bloqueado los contactos entre PSOE y PP a cuenta del CGPJ.

El rechazo al que fue uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel en la que se basó Pedro Sánchez en 2018 para presentar la moción de censura fue uno de los factores que impidió que el Gobierno y el PP cerrasen un acuerdo en 2021 para la renovación del CGPJ. En un primer momento la Mesa del Senado amplió el plazo que expiraba en octubre hasta el pasado 12 de diciembre para que los parlamentos autonómicos remitiesen sus propuestas. Y con posterioridad se procedió a una nueva ampliación hasta el 14 de febrero. Pero nada hace pensar que vaya a ser suficiente mientras el Gobierno no traslade su voluntad de acordar con el PP. Si esto se produjese, debería convocarse la Comisión de Nombramientos del Senado para que comparecieran los diferentes candidatos. Con posterioridad el pleno debería elegir al sustituto, pero ese escenario sigue muy lejos.