Jueces y fiscales invitan a los ciudadanos a que se sumen a su concentración de este sábado
Aseguran que no es contra el Gobierno sino para visibilizar el papel del Poder Judicial
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«No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial». Esta es la carta de presentación de ... los jueces y fiscales que este sábado a las 12.30 horas secundan ante las puertas del Tribunal Supremo una concentración en defensa del Estado de derecho frente a leyes que, como la nueva normativa de acceso a la carrera, entienden que orillan mérito y capacidad.
El lugar elegido es especialmente significativo pues es en el Alto Tribunal donde los opositores culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad, como recuerdan las asociaciones en su convocatoria, que hacen extensiva a todos los operadores jurídicos. El lema principal del acto, que las asociaciones pretenden que se desarrolle en un marco «estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción partidista», será 'Sin Estado de derecho no hay democracia'.
Esta concentración es el preámbulo de la huelga de tres días –1, 2 y 3 de julio– que las asociaciones convocantes han anunciado. Sobre ella se pronunció el jueves pasado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un pleno extraordinario en el que recordaron a los jueces y magistrados que la secunden que el órgano de gobierno de los jueces carece de soporte normativo para afrontarla y por tanto no puede fijar unos servicios mínimos.
El CGPJ reprocha a Bolaños que su reforma no prohíba al Gobierno dar órdenes «de ningún tipo» al fiscal general
Nati VillanuevaRecuerda que, en contra de lo que el texto sostiene, no se hace una reforma integral de la institución para asumir las investigaciones penales; la autonomía de los fiscales no está garantizada, dice
Este viernes fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien avisó a los fiscales jefe de que se debe garantizar la práctica de todas las actuaciones judiciales o fiscales «fijadas con anterioridad» a la convocatoria y que coincidan con el paro. Advertía además de que tampoco puede fijar servicios mínimos, pero resaltaba que se deben celebrar todas aquellas actuaciones en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar «perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos» y aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad a la huelga, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó.
Al hilo, acordaba comunicar a la Inspección Fiscal las incidencias que se produzcan en el servicio durante los días que dure la huelga.
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