El fiscal general advierte a los fiscales de que deben atender asuntos a pesar de la huelga

«Se recuerda a los fiscales jefes de los diferentes órganos que integran el Ministerio Fiscal que habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos y aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó», resalta.

Además, explica que tras leer el acuerdo de este jueves del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se explicaba que el ejercicio de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, el Ministerio Fiscal está integrado en el poder judicial con autonomía funcional y que «carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos respecto de la actividad de los y las fiscales en los referidos días».

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Por otro lado, el fiscal general da la orden de que las jefaturas comuniquen a la Inspección Fiscal las incidencias que se produzcan en relación con la prestación de los servicios que son competencia del Ministerio Fiscal en las referidas fechas de huelga.

Cabe recordar que el CGPJ en un Pleno extraordinario celebrado este jueves con motivo de la huelga impulsada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales -todas menos las progresistas- en protesta por las reformas que prepara el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal, el órgano de gobierno de los jueces advirtió de que no se podían fijar servicios mínimos.

Fuentes del CGPJ consultadas apuntaron que en paros anteriores no hubo sanciones para quien secundó la huelga, y que el acuerdo adoptado por el Pleno iba en el mismo sentido que todos los aprobados en relación con las convocatorias habidas desde 2009.

Eso sí, en el acuerdo se recordaba que los jueces que vayan a la huelga deben saber que este nuevo paro «en ningún caso (…) debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable».