La amnistía, el plan Pumpido, el papelón del fiscal y el voto decisivo

Todo estaba pues, resuelto, hasta que ha irrumpido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para volver a sembrar la cizaña en el máximo órgano de garantías. Su objetivo es recusar al último magistrado en llegar, el conservador Mario Macías, porque siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) participó en deliberaciones sobre la amnistía. Así que ya estamos otra vez, y lo digo con pesar porque me consta que lo que Trevijano y Xiol consiguieron no fue sencillo.

Si el tribunal recusa a Macías, ¿por qué no a Laura Díez, que fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, es decir, dependiente de Bolaños (impulsor de la amnistía) y por extensión de Pedro Sánchez? Hay una recusación contra ella. Y otra contra Cándido Conde-Pumpido, el presidente, al que le molesta mucho que se le atribuyan intenciones aviesas a futuro. ¡Él, jurista de todo prestigio, manchado para siempre por el último movimiento de su larga y exitosa carrera!

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El debate de las recusaciones es perverso y ya quedó zanjado por varios motivos: primero, porque sumerge al tribunal en las procelosas aguas de los intereses políticos; y segundo, porque es razonable que una persona con dilatada trayectoria y reconocido prestigio se haya pronunciado sobre todos o casi todos los asuntos de la vida pública. «No vivimos en cúpulas de cristal», me dice un exmagistrado que advierte sobre los riesgos de atentar contra la libertad de expresión o incluso contra la libertad de cátedra.

Entonces, ¿a qué se debe que, repentinamente, el TC se vea sumergido de nuevo en este embrollo que no beneficia a nadie? ¿Y a qué se debe que se entrometa, ni más ni menos, que el fiscal general del Estado? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un recurso de la Abogacía del Estado? Que nadie lo descarte, porque esto acaba de empezar y en el tribunal ya lo están esperando.

Eso sí, que quede clara una cosa en la que coinciden varias fuentes internas del tribunal: si algo quiere Conde-Pumpido, es que la votación sobre los recursos sobre la Ley de Amnistía no quede seis progresistas contra cinco conservadores, dado que el séptimo es el exministro Juan Carlos Campo, que ha pedido abstenerse por razones obvias (tan obvias, o casi, como las de Díez, pero ella no lo hace). ¿No será porque el presidente no quiere ser decisivo con su voto y por eso se ha puesto en marcha la operación de recusar a Macías? El sector progresista da por hecho que las recusaciones de Díez y del propio Pumpido no saldrán adelante, pero ¿y la de Macías?

Vayamos más lejos y repasemos qué han dicho o escrito otras magistradas en tiempos pretéritos: por ejemplo, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, etiquetada como progresista y elegida a propuesta socialista, escribió en 2013 un artículo sobre las reformas legales que preparaba el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y sobre sus intenciones reformistas decía esto: «El indulto es una herencia de ese 'ancien régime' que evoca, nostálgico, este ministro. Si hay algo arbitrario, es indultar a una persona que ha sido juzgada con todas las garantías y que ha sido encontrada culpable». Esto lo escribió en un artículo en 'El Periódico' junto a la entonces magistrada Margarita Robles, hoy ministra de Defensa que contribuyó colegiadamente a la aprobación de los indultos y de la amnistía. Pero si lo de Robles es hoy política, lo de Montalbán es derecho. ¿Deberíamos exigirle a la vicepresidenta algún tipo de explicación o es que le parecen mal los indultos y bien las amnistías si es que es así? Tal vez nos sorprenda y se oponga a la amnistía, como sería lógico si atendemos a sus reflexiones por escrito junto a Robles, que bien se encargó de divulgar en aquel momento la revista de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Los cambios de opinión pueden tener sentido en política. Eso sí, si el interés general lo exige, si se explican bien los motivos y, sobre todo, si no se miente y no se considera tonto al ciudadano. O demasiado listo e informado. Dos ejemplos: cuando Rajoy llegó a La Moncloa y se vio obligado a subir los impuestos en contra de su criterio electoral lo hizo porque la situación financiera que se encontró era mucho peor de la que le había contado su antecesor. ¿Lo explicó? Malamente, pero confió en que el ciudadano lo entendería. Pues no se entendió y ahí se empezó a perder el relato frente a la izquierda. Pecó Rajoy de ingenuo al pensar que en la calle las cosas se analizan profusamente y se comprenden. No. Otra cosa es Sánchez: lo más sorprendente de sus «cambios de opinión» tiene que ver con que parten de una consideración que denota soberbia: los ciudadanos somos tontos y el tiempo le dará la razón. Así la rebelión, así Puigdemont, así los indultos, así la amnistía. De modo que la pregunta es: ¿los ciudadanos somos tontos o somos listos? Pues habrá de todo, como en botica, pero lo que es seguro es que sólo hay una élite adecuadamente informada, y esto fue, es y será siempre así.

Lo verdaderamente problemático de los cambios de opinión es cuando se producen en el ámbito jurídico, o cualquier otro ámbito científico, porque estas disciplinas no son, como decía, el arte de lo posible, que es como decir que en política todo vale. En derecho no es así, a pesar de las teorías constructivistas que tanto gustan a magistradas del Tribunal Constitucional como María Luisa Balaguer: catedrática de Derecho Constitucional, lo expresó así en Radio Nacional en septiembre de 2022: «Yo soy muy partidaria de un derecho constructivista, de que yo estoy ahí para generar nuevas posiciones en el derecho; si estoy para ratificar el positivismo jurídico, pues no es necesario, se coge un libro y ya está; y claro, eso me lleva a hacer votos particulares constructivistas, por ejemplo la memoria histórica; recuerdo perfectamente que yo quería avanzar más de lo que pudiera decir en un momento determinado la ley». Dicho de otra manera: el TC como sustituto del legislador. Tremendo.