Los independentistas catalanes y vascos, otra vez decisivos para que Sánchez pueda revalidar su mandato

Ahora los necesita más que nunca, y eso implica seguir haciendo cesiones, como estas formaciones ya le han dejado claro. En principio la amnistía, pero sin renunciar al referéndum, las dos cosas que el líder del PSOE aseguró en campaña que no tenían encaje en la Constitución.

La posición de los partidos independentistas catalanes pivota entre la facción partidaria del cuanto peor mejor, leído en Cataluña como una repetición electoral y un posible gobierno de coalición PP-Vox, y los partidarios de facilitar la investidura de Sánchez. En este escenario, el comportamiento de ERC y Junts está sumamente condicionado por el efecto que uno y otro escenario tendrían en el panorama electoral catalán, es decir, qué beneficia más a uno y otro ante las próximas elecciones autonómicas, en el inicio de 2025 si es que no hay adelanto electoral.

A priori, se da por descontado que ERC debería facilitar la investidura del aspirante del PSOE. De hecho, siempre han manifestado que sus votos en el Congreso nunca servirían para facilitar un ejecutivo de derechas, menos aún si es con el concurso de Vox. La diferencia con respecto a la pasada legislatura es ahora la entrada de Junts. Sus siete diputados –el mismo número que ERC tras el desplome de los republicanos en las últimas generales– son determinantes, y el partido liderado por Carles Puigdemont piensa hacerlo valer.

La diferencia con ERC, y es por eso que pretenderán cobrarse un precio mucho más alto, es que la amenaza de Junts de bloquear la investidura y propiciar la repetición electoral es un escenario factible. Es por ello que ERC, en competencia con sus exsocios para apretar más al PSOE, ya ha deslizado que la prioridad es ahora la aprobación de una ley de amnistía, pero que hay que «plantear la autodeterminación», como apuntaba este domingo Oriol Junqueras en 'La Vanguardia'. No obstante, se asume que un referéndum pactado en el que se pueda votar por la indepedendencia es una línea roja que el PSOE no quiere, ni puede, franquear. Difícil encaje.

La gran incógnita es pues la posición de Junts. Por lo pronto, el «marco» de la negociación, en palabras de Puigdemont, se conocerá este martes tras la conferencia que el expresidente fugado dará en Bruselas. Tras seis años fuera de Cataluña, Puigdemont ha querido dejar claro que su situación personal no es relevante, y que de lo que se trata es de buscar una solución política al «conflicto».

En Junts las posiciones están divididas. A un lado, los pragmáticos que desean recuperar influencia política –los nostálgicos del Majestic y de la estrategia del PNV, por así decirlo–, en el otro, los partidarios del embate, los que hacen real la amenaza de una repetición electoral si no se atienden sus demandas de máximos. La diferencia con la legislatura pasada es que estos últimos pueden acabar imponiéndose.

El concurso de los partidos del nacionalismo y el independentismo vasco, el PNV y Bildu, que suman once escaños en el Congreso, vuelve a ser imprescindible para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa. Pero las cosas han cambiado mucho desde enero de 2020, cuando el secretario general del PSOE logró por la mínima su primera investidura con el sí de los seis diputados peneuvistas y la abstención clave de los cinco diputados del antiguo brazo político de ETA.

Ahora esos números han virado, es Bildu el que tiene seis asientos y el PNV se ha quedado en cinco, pero, sobre todo, los de Arnaldo Otegi, tras haber apoyado todos los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años y leyes tan señeras como la de vivienda o la de memoria democrática, se han convertido en un aliado consolidado de la izquierda en el poder.

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El PNV, en cambio, se enfrenta a una situación de merma electoral y no terminó bien con el PSOE la legislatura, como prueba sin ir más lejos su rotundo rechazo a esa norma sobre vivienda. La formación que lidera Andoni Ortuzar vive en un difícil equilibrio electoral, institucional y político. Lo primero por su citada y evidente pérdida de apoyos, algo inquietante al inicio de un curso político en el que habrá en 2024 elecciones al Parlamento de Vitoria.

Lo segundo porque su poder territorial está totalmente vinculado al PSOE, tanto en Ajuria Enea, donde Iñigo Urkullu gobierna en coalición con los socialistas vascos, como en las tres capitales de provincia y las tres diputaciones en las que logró seguir presente después de las elecciones del pasado 28 de mayo. Bien es verdad que también con la inestimable colaboración del PP, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria. Y lo tercero, porque los peneuvistas siempre han podido pivotar entre apoyos a gobiernos en Madrid de la izquierda o de la derecha, pero su declarada incompatibilidad con Vox le hace ahora dar un portazo a Alberto Núñez Feijóo, el candidato designado en estos momentos por el Rey. Y eso abarata su apoyo al PSOE, al que parece abocado, lejos de los tiempos en que podía cambiar de bando, como cuando en 2018 pasó de respaldar los Presupuestos de Rajoy a respaldar la moción de censura de Sánchez.

Muy distinta es la situación de Bildu, el único partido al que el PP ha excluido expresamente de su ronda de contactos, dado que es una formación que vive un dulce momento con las encuestas, fruto en buena medida de haber absorbido buena parte del voto que en su día fue para Podemos en el País Vasco. La coalición abertzale capta ese voto presumiendo de haber arrancado a Sánchez mejoras sociales y para la clase trabajadora más allá de sus postulados nítidamente separatistas, a los que no renuncian.

Precisamente la pujanza de Bildu es una de las razones de la propuesta con la que se ha descolgado esta semana Urkullu, pidiendo una «convención constitucional» que redefina el modelo territorial alumbrado en la Transición, privilegiando a las comunidades consideradas históricas por encima del resto.