FAES acusa a Urkullu de ir más allá de Ibarretxe al proponer un plan que «fabrica españoles de primera y de segunda»

El largo texto sobre el plan planteado por Urkullu en un artículo en 'El País', que tuvo réplica inmediata en ABC por parte de uno de los barones territoriales del PP, el flamante presidente de Aragón, Jorge Azcón, tacha de falsas sus premisas y de «fraudulento» el procedimiento propuesto, el de una «convención constitucional» para que las comunidades consideradas históricas, el País Vasco, Cataluña y Galicia (Urkullu añade también Navarra) tengan mayores cuotas de autogobierno que las demás, poniendo en solfa, como dice expresamente el lendakari, el 'café para todos' acuñado por el Gobierno de Adolfo Suárez en la Transición.

«En suma: falso el pasado imaginario que se invoca, falso el diagnóstico del presente constitucional que se denuncia, y fraudulento el procedimiento para avanzar hacia ese horizonte confederal y plurinacional. Porque se fundamenta en premisas que ignoran la Constitución 'in toto': se da por supuesta una soberanía compartida y basada en la existencia de derechos históricos, según la conocida interpretación nacionalista de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional Única del Estatuto» argumenta el editorial.

Desde las primeras líneas, FAES deja claro su planteamiento: «El lendakari Urkullu ha vinculado una hipotética investidura de Pedro Sánchez a un fraude constitucional masivo». Y añade que su artículo «anticipa el precio a a pagar». Un precio sin precedentes, dado que «si el 'plan Ibarretxe' fabricaba vascos de primera y vascos de segunda, al diferenciar entre 'ciudadanos' y 'nacionales', el 'plan Urkullu' es más ambicioso: fabrica españoles de primera y españoles de segunda, al distinguir dos tipos de comunidades –las 'nacionales' y las demás– y articular un entramado de relaciones bilaterales entre ellas y el poder central, además de su 'capacidad de decidir', máscara habitual de la autodeterminación, cuyo ejercicio –fingiendo buena disposición– se dice querer pactar con el 'Estado'»

Para la fundación fundada por Aznar en 1989, «los nacionalistas vascos quieren extender su influencia hasta el punto de ofrecer modelos constitucionales alternativos. En la concertación entre la izquierda y los nacionalistas, el PNV pretende tener la fórmula menos estruendosa para hacer añicos el Estado constitucional. Cuando en un país son este tipo de cuestiones las que configuran el marco negociador en un proceso de investidura, es que se ha tocado un punto de no retorno», concluye.

Tras referirse a los planteamientos de Urkullu remontándose al siglo XVIII para justificar su defensa de un país «plurinacional». FAES se pregunta con sarcasmo si «liquidado el presupuesto de todo Estado constitucional desde la Revolución francesa, cabe también preguntarse desde aquí si la nostalgia del Antiguo Régimen es credencial recomendable para formar parte de una 'mayoría de progreso'".

El texto rebate la idea expresada por Urkullu de que en nuestro país la descentralización política y administrativa, articulada en torno al Estado de las Autonomías, ha sido escasa o insuficiente, y lo hace con una prolija exposición de datos, partiendo de una premisa, en al que alude a lo ocurrido en Cataluña en 2017: «Tras la consumación de un golpe de Estado perpetrado por una autoridad autonómica, son ya inocultables las dificultades del modelo, que no obedecen a ninguna 'recentralización', y la piedad por nuestra historia reciente no puede transformarse en ceguera voluntaria; si se quiere retocar el modelo, hay que partir de datos ciertos».

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Y entre esos datos FAES recuerda que «las comunidades autónomas ocupan aproximadamente el 40% del gasto público (el 60% si incluimos a los entes locales): más que otros modelos europeos descentralizados como Alemania, Austria o Italia. La administración autonómica triplica el funcionariado estatal central». La tesis central del artículo es que, lejos de haber una inercia o practica recentralizadora, como denuncia el jefe del Ejecutivo de Vitoria, «a lo largo de estos 45 años la complejidad del reparto competencial (no precisamente aclarado por numerosas sentencias interpretativas del TC) ha dado lugar a la cronificación de la conflictividad institucional, la inseguridad jurídica y la desigualdad material de derechos entre españoles en función de su territorio de residencia».

Un proceso que para la fundación tiene su origen en las reformas de estatutos de segunda generación impulsada por el primer Gobierno de Zapatero, que termina por «desestabilizar» el sistema. Aunque al margen de eso FAES también concluye que «los nacionalismos catalán y vasco llevan años dando por caducado el modelo constitucional y embarcándose en debates acerca de su superación. El modelo se ha venido manteniendo a base de pactos sucesivos, pero nunca concluyentes: cada nuevo acuerdo ha resultado un nuevo escalón», concluye.