El Gobierno acoge el plan de Urkullu para reformar la Constitución por la puerta de atrás

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, uno de los principales colaboradores de Pedro Sánchez tanto en el Gabinete como en la Ejecutiva del PSOE, ha asegurado haber «leído» la tribuna de Urkullu, y ha sentenciado que «es una propuesta muy legítima, que yo valoro. No es la nuestra, la propuesta del Lehendakari, pero yo, desde luego, siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes, dentro del marco constitucional, que es lo que propone el lehendakari».

El artículo de marras, cuyo título reza «Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo», reivindica una mayor descentralización que la desarrollada desde 1978 con el Estado de las Autonomías. Un sistema que concede a cada una de las dicisiete comunidades instituciones representativas y de gobierno propias, además de amplias competencias en los servicios básicos del Estado del bienestar, como sanidad y educación, e incluso en materia de seguridad, como evidencian las policías autonómicas de las que gozan el País Vasco y Cataluña, con la competencia incluso en materia de tráfico. También en materia fiscal, donde por otra parte y desde la Transición se consolidó el régimen especial para vascos y navarros, blindado en la propia Constitución.

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Sin embargo, al jefe del Ejecutivo de Vitoria y antiguo presidente del PNV le sabe a poco, justo al arranque de un curso político en el que habrá elecciones al Parlamento Vasco en 2024, y en un contexto el que los peneuvistas están cada vez más amenazados electoralmente por Bildu, que en las elecciones generales del pasado 23 de julio obtuvo más escaños al Congreso que ellos. Según expone, en un momento en el que su voto sigue siendo decisivo para la investidura del próximo presidente del Gobierno central, habría que crear una «convención constitucional», que sería a su juicio el «instrumento idóneo» para «salir de la actual encrucijada».

En síntesis, Urkullu admite que la Carta Magna de 1978 «intentó abrir un camino», pero desde entonces se habrían producido sucesivos «intentos de involución» en el camino de un traspaso de competencias hacia las regiones que «se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá». El lehendakari denuncia que se promovió el «café para todos», una célebre expresión pronunciada en la Transición por Manuel Clavero Arévalo, ministro de Adolfo Suárez, para «igualar por abajo para recortar por arriba».

Y luego, explica, «se empezaron a aplicar las cláusulas horizontales de la Constitución para ir más allá de su naturaleza y encubrir una invasión de competencias de las comunidades autónomas, incluso de sus competencias exclusivas». Todo ello, añade, «con la actitud comprensiva de un Tribunal Constituicional cuyo prestigio ya no era el que tuvo en sus primeros tiempos».

Para el presidente del Gobierno vasco, «ahora se abre una oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos». Y para ello, y a través de esa convención constitucional, se trataría de que sin modificar la Constititución «se hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarollo nacional del autogobierno de Euskadi y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas», asegura en referencia a Cataluña y Galicia. Por si no quedase claro, concluye: «Es decir, de aquellas que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978».

Desde el Partido Popular (PP), que se encuentra inmerso en un proceso de investidura en el que se ha presentado al PNV como el actor más factible con el que entenderse, se ha evitado hacer un planteamiento de choque frontal. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, planteó en sendas entrevistas radiofónicas que «entienden» la propuesta de Urkullu, pero estableciendo unos claros límites: «Todo lo que sea que haya unos españoles de primera y otros de segunda, el PP no lo va a aceptar, y de ahí el PP no se va a mover». El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, consideró que «antes de reinterpretar la Constitución lo que hay que hacer es recuperarla. Tenemos que recuperar los principios constitucionales». No obstante, Sémper sí reconoció como positivo que el planteamiento se haga dentro de la Constitución: «Eso es una diferencia notable con respecto a los independentistas catalanes».

Las reacciones desde otros gobiernos autonómicos no se hicieron esperar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordó que Andalucía «conquistó la autonomía por la misma vía que el resto de comunidades históricas y eso hay que respetarlo». Y terminaba su mensaje, exigente a la par que conciliador, así: «Está bien dialogar para avanzar en autogobierno, como plantea Urkullu, pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución».

Su consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto , sí fue más duro al asegurar que estos planteamientos se producen ahora que «hay un Gobierno de España débil que no entiende que se tiene que tratar igual a todos los ciudadanos sean de donde sean». El consejero de Justicia andaluz ha argumentado que esa visión de Urkullu de fomentar la España plurinacional se asienta en una tradición por cuanto «el PNV y los partidos nacionalistas llevan pidiendo eso décadas». Y ha reivindicado por contra que ha habido territorios agraviados como Andalucía, Murcia o Comunidad Valenciana por los deficientes sistemas de financiación.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, lo ha definido como un planteamiento «para beneficiar a tres comunidades autónomas» con el que se «generarían unas desigualdades en las que no se debe incurrir». Desde su territorio el mensaje es claro: «No parece lo más adecuado» establecer cambios que mejoren la situación de unas autonomías «y no del resto». Defendiendo que «lo lógico es que se contemple la mejora del modelo para todas las comunidades, no debe haber comunidades de primera o de segunda».

Desde las filas socialistas, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado también sus discrepancias: «Me parece bien que el País Vasco tenga esa ambición, pero nosotros, los valencianos, también tenemos nuestras ambiciones. Y en cualquier caso, el debate territorial en España no se puede centrar solamente en Euskadi y en Cataluña; en absoluto», ha concluido.