Un ex alto cargo de Interior afirma que un comisario próximo a Marlaska le dio el contacto de la trama Koldo

Según fuentes presentes en el interrogatorio, como ya hizo en la comisión de investigación del Senado, Belmar - que fue el encargado de materializar el contrato de mascarillas de 3,4 millones de euros para Interior-, señaló ante el juez a Rodríguez como la persona que le indicó y facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, director ejecutivo de la compañía ahora investigada.

Rodríguez es un comisario jubilado a quien Marlaska nombró director general del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior en 2018. Ya en su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado febrero defendió que «lo único» que habría hecho es «comentar a Belmar que algún organismo dependiente del Ministerio de Fomento estaba trayendo mascarillas de China». Se lo había dicho Koldo García, el entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, quien le facilitó -creía recordar- el teléfono de un «tal Íñigo», según recoge el acta de su declaración.

Este jueves también ha sido interrogado, aunque en calidad de investigado, el ex director general de Personas de ADIF, Michaux Miranda, quien ha negado que existiera ninguna orden o presión para contratar a Soluciones de Gestión. Según fuentes presentes en su interrogatorio, ha defendido su gestión, ha negado ninguna irregularidad y asegurado que hasta el consejo de administración de ADIF le llegó a felicitar por la «rapidez» con que se tramitó la adjudicación. También por el cumplimiento de la misma por parte la empresa, que en el plazo de un mes había entregado los cinco millones de mascarillas.

El juez Ismael Moreno acordó su imputación después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, al entender que era una de las personas que podría haber «ejercido ciertas presiones» sobre los responsables de las administraciones que debían adjudicar los contratos de suministro de mascarillas, «sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas» que no fuera la de la empresa vinculada a la presunta trama, Soluciones de Gestión. Previamente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había destacado su papel en el proceso.

Según las fuentes consultadas, Miranda, que sólo ha contestado a las preguntas del fiscal y su defensa, ha asegurado que fue la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, quien le pasó los contactos de Soluciones de Gestión. El que fuera una empresa que estaba contratada ya por Puertos del Estado, habría asegurado, era garantía de la ejecución del contrato. Miranda ha recordado, además, que la adjudicación fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y por la IGAE, que no observaron ninguna irregularidad en la misma.

La reciente auditoría del Ministerio de Transportes, que Miranda ha tachado este jueves como «despropósito» (cabe recordar que tras el informe el ministro Óscar Puente le cesó junto al subsecretario de su departamento, Jesús Manuel Gómez) concluyó también que la oferta de Soluciones de Gestión fue la «única» que se analizó. A pesar de encontrarse en un momento en el que había pocos proveedores -explicaba el informe-, tendría que «haberse justificado y documentado la búsqueda de otros candidatos y, sobre todo, las razones por las que se llegó a la empresa a la que se hizo el encargo».

En este sentido, según las fuentes consultadas en el interrogatorio, Miranda ha explicado que se valoraron otras opciones de otras cuatro empresas más que no podían cumplir con los plazos de emergencia de la situación.

Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el caso Koldo, resultó adjudicataria en plena pandemia de ocho contratos públicos para el suministro de mascarillas mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, que alcanzaron casi los 53 millones de euros. Mientras que los dos años anteriores la empresa había permanecido prácticamente inactiva.

Los investigadores apuntan a que la selección de la sociedad, constituida en el año 2017 y sin ninguna experiencia previa en el sector sanitario, para suministrar mascarillas a distintas administraciones públicas, habría partido directamente del Ministerio de Fomento cuando José Luis Ábalos estaba al frente y con la presunta intermediación de su entonces asesor y mano derecha, Koldo García, ahora imputado en la Audiencia Nacional.

El primer organismo en adjudicar un contrato a la empresa vinculada a la trama fue Puertos del Estado. Cerraron un contrato para el suministro de mascarillas profilácticas por un valor de 20 millones de euros, IVA incluido. El resto de organismos fueron detrás: Adif les adjudicó un contrato de 12,5 millones, el Ministerio del Interior de 3,4 mientras que el servicio canario de salud de 12 y el de Baleares de 3,7.