Koldo pide al juez desbloquear sus cuentas con un contrato rescindido hace siete meses

Como adelantó este diario, el Grupo de Empresas Azvi firmó en noviembre del año pasado un contrato con Erikapat Consultoría Internacional SL, titularidad de Partricia Úriz -esposa de Koldo García y también imputada- para labores de «análisis de mercado y búsqueda de potenciales clientes». El abogado de Koldo García lo aportó la semana pasada a la Audiencia Nacional con un escrito en el que aseguraba que, desde la firma de ese contrato, trabajaba como asesor para Erikapat. Solicitaba que se desbloqueasen las cuentas de la mercantil, intervenidas por el juzgado, para que pudiera cobrar las nóminas atrasadas.

Sin embargo, según trasladan fuentes de Azvi a este periódico, dicho contrato, firmado con una duración de un año, quedó sin vigencia a partir de febrero en cumplimiento de las cláusulas de 'compliance' que prevé el mismo documento frente a actividades similares a las que se imputan a Koldo García y su mujer, como el tráfico de influencias y el blanqueo.

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«Las partes se obligan a cumplir con exactitud la legislación, nacional e internacional, aplicable en materia de anticorrupción, antisoborno, blanqueo de capitales y, en general, relativa a hechos delictivos, singularmente el Código Penal español (conjuntamente, la normativa sobre prácticas ilícitas). En todo caso, la actuación de las partes deberá regirse en todo momento por los principios de cumplimiento normativo, corrección, licitud y buena fe», rezaba la cláusula mencionada.

La razón por la que Koldo García aportó el contrato a la Audiencia Nacional estriba en las sospechas de la Guardia Civil acerca de la realidad de la consultora de su esposa. En uno de los informes de la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) ya exponía sus dudas ante la posibilidad de que se tratara de una tapadera para esconder el incremento patrimonial ilícito que se atribuye al antiguo asesor de Ábalos. De hecho, con anterioridad García y su esposa habían instado el desbloqueo de las cuentas de Erikapat, pero se les venía denegando, «toda vez que no se acredita fehacientemente la actividad de la citada mercantil y la naturaleza de los servicios que presta a la misma», como reza uno de los autos. Se trataba de acreditar que la consultora lo es y que sus servicios fueron requeridos, al menos, por Azvi.

«Entendiendo que a través de dicha documentación (la ya aportada y la ahora adjunta) se acredita fehacientemente la actividad de la mercantil, así como la naturaleza de los servicios prestados por don Koldo García Izaguirre a la misma, venimos a reiterar nuestra solicitud para que se autorice el pago de las dos nóminas que el señor García Izaguirre tiene pendiente de cobro, correspondientes a los meses de febrero y marzo, así como las sucesivas que pudieran generarse mensualmente. Las nóminas pendientes de cobro ascienden a 1.328,26 euros (febrero) y 1.642,16 euros (marzo)», decía el escrito del letrado. Pedía que se diese orden a la entidad bancaria para liberar estos fondos y el resto de las nóminas que se devenguen, así como el pago de las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social. El juez ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe antes de tomar una decisión, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC.

Azvi es una adjudicataria tradicional del Ministerio de Transportes. Especializada en el sector ferroviario, cuenta con un volumen de negocio cercano a los 900 millones de euros, más de 5.500 trabajadores y presencia en media docena de países, pese a lo cual recurrió a esta asesoría creada por Patricia Úriz en mayo de 2022. No consta en los informes policiales sobre la vida laboral del matrimonio que ninguno de los dos tenga experiencia previa en labores de consultoría, más allá del paso de Koldo García por el Ministerio de Fomento en calidad de asesor de Ábalos. Desde la compañía subrayan que acudieron a esta mercantil para labores de consultoría en Latinoamérica.

Mientras, la causa sigue avanzando. Ayer testificaron dos cargos de Adif que señalaron al que era director general de Personas, el ya investigado Michaux Miranda, como el responsable de que se eligiese a Soluciones de Gestión y no se diversificase la apuesta de este organismo, 12,5 millones de euros, entre varios suministradores de mascarillas. Él está citado para comparecer ante el juez mañana.