La Guardia Civil involucra a seis exjefes de ETA en el atentado en Santa Pola de 2002

El documento, de 312 páginas y al que tuvo acceso ABC, responde a la petición del juez Manuel García Castellón de recopilar cuantos indicios estén disponibles que permitan situar a la Zuba o comité ejecutivo de ETA tras aquella decisión, en línea con el planteamiento de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que ha promovido querellas por este y otros atentados dónde sólo fueron condenados los autores materiales pero no la estructura que ordenó, facilitó o directamente, no impidió los ataques.

En el caso de Santa Pola, fueron condenados en firme Andoni Otegi Eraso y Óscar Celarain, ambos detenidos en Francia, pero «no disponían de ningún tipo de infraestructura estable y de entidad en Alicante, más allá de una tienda de campaña que utilizaban durante su alojamiento en un camping y de dos bicicletas empleadas para sus desplazamientos».

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«Resulta difícil imaginar que los dos integrantes del comando Argala pudiesen haber preparado por si mismos el coche-bomba utilizado en el atentado y menos aún manipular y acondicionar la carga explosiva utilizada (100 kg), ni tampoco su mezcla y material para ser reforzada, de lo cual se infiere la más que probable posibilidad de que hubiesen recibido de sus responsables en Francia, a través de algún «enlace» (militante «legal» de ETA), el coche-bomba (un vehículo Ford-Escort provisto de placas de matrícula falsas V-3350-EU) ya cargado», dice el análisis.

Una «cantada» intervenida en Francia (documento conocido como «autocrítica» en el que los detenidos de ETA daban cuenta al resto de la organización de lo que habían contado a las fuerzas policiales) refuerza esta tesis, ya reflejada en la propia sentencia contra los autores materiales, en la que se da por probado que el vehículo se les proporcionó ya preparado desde el país vecino.

Por eso, «conociendo el funcionamiento interno de la organización terrorista y el modus operandi» utilizado en casos similares, los agentes concluyen que esa entrega «se produjo en el contexto de un plan previamente coordinado» por la Zuba o comité ejecutivo de ETA y en concreto, por su aparato militar, que en aquellas fechas respondía al nombre de Otsagi y tenía hasta su propio presupuesto, el más abultado de toda la organización.

Y en ese Otsagi estaban «Jon» y «Olaia», a quienes la Guardia Civil identifica plenamente con Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, quienes se encargaron de «la dirección de los comandos armados» desde que en febrero de 2001 cayó Txapote y hasta septiembre de 2002, cuando fueron detenidos por la policía gala. De hecho, esa misma cantada les sitúa como «principales responsables» de «los comandos de acción de ETA y de las estructuras dependientes del aparato militar de la misma, entre las cuales se hallaba el comando Argala», autor del atentado en Santa Pola.

Es relevante en este sentido uno de los sellos de Francia entregados a las autoridades españolas y que arroja «una planificación de los comandos de acción de ETA, enlaces, incorporaciones de miembros en los mismos, acciones y campañas previstas, envíos de material y dinero necesario para la actividad terrorista». Su redacción se atribuye a Juan Antonio Olarra y para la Guardia Civil, «demuestra el indiscutible control que ejercía sobre los comandos de acción y todo lo concerniente a los mismos». En la lista de comandos con los que debía contactar figura el Argala.

«Juan Antonio Olarra diseñaba, planificaba y ordenaba a los comandos de ETA las acciones terroristas que debían realizar, eligiendo los objetivos. En este documento destaca como objetivo prioritario una estrategia que atentase prioritariamente contra la Guardia Civil y el CNP. El atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola (Alicante) formaría parte de esa estrategia ordenada por sus responsables», resume el informe.

De Múgica figuran cuartillas «con anotaciones muy similares» aunque en su caso hay un indicio más. Los condenados del comando Argala tenían un número de móvil apuntado en la documentación que se les intervino a su detención, el mismo que según las investigaciones de las autoridades francesas habría adquirido la propia Olaia en julio de 2002. Ella tenía igualmente información sobre diversos objetivos.

«Es decir, unos días previos al atentado cometido contra la Casa-Cuartel de Santa Pola (Alicante), los miembros del comando Argala de ETA habían realizado informaciones sobre potenciales objetivos en Torrevieja (Alicante) y se hallaban en comunicación con sus responsables en Francia (encargados de coordinar y dirigir su actividad terrorista) a través del número de teléfono móvil que fue adquirido en Francia por Ainhoa Múgica», concreta el Instituto Armado.

El informe, que pormenoriza toda la estructura de ETA a partir del análisis de la documentación recogida a lo largo de la lucha antiterrorista durante décadas, recuerda que el aparato militar era sólo una de las cabezas del comité ejecutivo de la banda terrorista, en el que ambos estaban integrados. En aquella época, tenían mando junto a ellos Mikel Albisu («Mikel Antza»), Soledad Iparraguirre («Anboto»), Félix Esparza («Ana») y Ramón Sagarzazu («Txango»), que ocupaban la Zuba y tenían distintas ramas de la banda terrorista bajo su cargo.

«Los integrantes de la Zuba eran plenamente conscientes de la posición de mando que ostentaban dentro de la organización terrorista y de su amplia capacidad de actuación, es decir, la de ordenar la comisión de acciones terroristas concretas, o bien la de evitar las mismas. Por ello, eran plenamente conocedores de la intención de 'volar' el Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, ya no solo por haber seguramente decidido, planificado y ordenado la acción, sino porque además se responsabilizó de su materialización a través de un medio de comunicación social poco después de llevarlo a cabo, y de la elaboración del comunicado justificando la acción terrorista, y eran plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, la muerte de personas inocentes», concluye la Guardia Civil.

Todos están imputados por estos hechos en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y prestan declaración este lunes por videoconferencia ya sea desde prisión, como en el caso de Anboto, ya sea desde otros juzgados. Dignidad y Justicia pedirá prisión para Sagarzazu y Antza, los únicos que se encuentran en libertad, según informaron en fuentes de esta acusación popular, pues un informe pericial de parte les indica que concurre un riesgo real de fuga.