Los etarras, más beneficiados en el País Vasco por la concesión de terceros grados que los presos comunes

Según el balance que ha hecho público el Gobierno vasco coincidiendo con el primer aniversario de su gestión, en estos momentos hay 116 condenados por pertenencia a ETA cumpliendo condena en cárceles vascas. De ellos, 36, es decir, el 31% del total, se encuentran en un régimen de semilibertad; de estos 36, un total de 28 se encuentran en régimen de tercer grado, lo que implica que únicamente tienen que acudir a prisión a dormir, mientras que el resto han pasado a situación de libertad vigilada. Según esos mismos datos, 25 de esas progresiones de grado se han concedido bajo la gestión del Gobierno vasco.

La consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se esforzó en explicar ayer durante la presentación de este balance que no ha habido ningún trato de favor a los presos de ETA. Desde la consejería recalcaron que solo en el último año se han tramitado hasta 457 progresiones de grado, y que solo el 5% han sido para condenados por terrorismo.

Sin embargo, sus datos confirman que a los presos de ETA se les ha concedido un régimen de semilibertad en mayor proporción que a la población reclusa global. En las tres cárceles vascas hay un total de 1.496 presos cumpliendo condena pero apenas el 25% lo hacen en un régimen abierto o semiabierto. Así, la proporción de estos beneficios para el colectivo de presos etarras es cinco puntos superior.

Presos de ETA en tercer grado desde Febrero

'Histórico' con 15 crímenes

José Mª Arriegui, 'Fiti'

742 años de condena. Cometió hasta 15 asesinatos, por los que cumpliría su condena dentro de cuatro años, pero desde el pasado mes de febrero ya sólo pisa la cárcel para dormir. Detenido en el histórico golpe a la cúpula de ETA en Bidart (Francia) de 1992.

Asesina de Ernest Lluch

Lierni Armendaritz

161 años de condena. Participó en los asesinatos del exministro socialista Ernest Lluch, de los concejales del PP catalán Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado y del agente de la Guardia Urbana de Barcelona Miguel Gervilla.

Secuestro de empresarios

Francisco J. Ramada

26 años de condena. Sentenciado a 26 años y tres meses de prisión por los secuestros de los empresarios vascos José María Aldaya y Cosme Delclaux. Ya en la primera tanda de semilibertades concedidas por el Gobierno vasco el pasado mes de febrero.

Presos de ETA en tercer grado desde febrero

Una furgoneta mortal

Igor Martínez de Osaba

29 años de condena. Es uno de los asesinos de Alfonso Parada, subteniente de la Guardia Civil retirado al que ETA mató en 1998 en Vitoria. Fue detenido cuando conducía una furgoneta con 1.700 kilos de explosivo para atentar en Madrid en 1999.

Sin arrepentirse de verdad

Unai Fano

20 años de condena. El Gobierno vasco le otorgó el tercer grado en febrero, apenas cuatro meses después de que la Audiencia Nacional le revocara el que le había concedido la Administración central por no apreciar «arrepentimiento expreso».

El guardián del arsenal

Aitor Esnaola

17 años de condena. Custodiaba un arsenal en Legorreta (Guipúzcoa) con más de 1.300 kilos de explosivo, que ETA iba acopiando para cuando reventara la tregua del primer mandato de Zapatero, como hizo con el atentado de la T-4 a finales de 2006.

Incluso con esos datos, Artolazabal insistió en que las cárceles vascas no son «ni hoteles, ni resorts». También aseguró que no se aplican «tratamientos colectivos», ni para los presos de ETA ni para condenados por otro tipo de delitos. Además, aseguró que ningún interno obtendrá «beneficio o perjuicio alguno» por cumplir condena en el País Vasco, «sea de ETA o no».

La consejera incidió en lo que lleva defendiendo desde que asumiera las competencias de prisiones: las progresiones de grado se aprueban en función de «informes profesionales individualizados». Artolazabal reiteró que todos ellos atienden a criterios técnicos (aunque no especificó cuáles) que están elaborados por personal especializado y que cuentan con el visto bueno de la Junta de Tratamiento correspondiente. Aseguró, además, que la consejería mantiene una relación «fluida» con el Ministerio del Interior, la Audiencia Nacional y los diferentes estamentos judiciales.

En estos meses también se ha cuestionado la política para aceptar los acercamientos de presos de ETA, que en última instancia tiene que aprobar el juez de vigilancia penitenciaria. Quizá el caso más llamativo haya sido el último que ha trascendido. Hace una semana Instituciones Penitenciarias autorizaba, con el visto bueno del Ejecutivo vasco, el traslado de Henri Parot y de Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'. Y pocos días después, estos presos, dos de los más sanguinarios de la historia de ETA, llegaban a la cárcel de Zaballa. Han sido, sin embargo, los últimos de un goteo constante de acercamientos de presos. Tanto es así, que según los datos de Etxerat, un colectivo vinculado a la izquierda abertzale, ya solo quedan 32 presos en cárceles que no estén situados en el País Vasco o en Navarra.

Artolazabal insistió, sin embargo, en que en la concesión de estos traslados se realiza atendiendo únicamente a «cuestiones de arraigo». Explicó que ese mismo criterio se utiliza tanto para presos comunes como para etarras y que se deniegan todas aquellas peticiones que no cumplen estas condiciones. La propia consejera reconoció hace unas semanas que este año su departamento había rechazado cinco solicitudes de traslado que provenían del entorno de ETA, aunque no han trascendido los nombres.

Junto con los traslados, la consejera también anunció que pronto se volverá a poner en marcha el programa de justicia restaurativa, al que ya se acogieron víctimas y etarras, como el conocido caso de Maixabel Lasa y los asesinos de su marido. La previsión es que estas reuniones comiencen de nuevo «en los próximos meses».

Junto con las sospechas de supuestos beneficios a presos de ETA, el Gobierno vasco también ha tenido que salir al paso durante este primer año de gestión de las acusaciones de «falta de previsión» que llegaban desde varios sectores. Este mismo lunes, el sindicato CC.OO. denunció el «retroceso sin precedente» que, a su juicio, están viviendo los funcionarios de prisiones que trabajan en las cárceles vascas.

Los datos reflejan que sigue existiendo una evidente falta de personal. Ya cuando el Ejecutivo vasco asumió las competencias de prisiones había más de 80 puestos por cubrir. El informe ahora revela que los puestos vacantes en la plantilla un año después se han elevado hasta los 117, lo que supone el 17% de la plantilla total.

Además de no conseguir cubrir las plazas libres, se han agudizado las diferencias entre los funcionarios que ya estaban y los nuevos. Varios sindicatos iniciaron entonces movilizaciones para denunciar la «discriminación que sufrían algunos de los trabajadores». Solo Acaip UGT ha accedido a firmar un acuerdo en este tiempo.