El Grupo de Estados contra la Corrupción urge a España a tomar «medidas decididas» en el Gobierno «lo antes posible»

Así consta en el informe de la reunión al que ha tenido acceso ABC y que recoge que España sigue sin avanzar en las 19 recomendaciones que el Greco hizo a nuestro país en junio de 2019. Entre ellas, elevar el control sobre los miembros del Ejecutivo con mención especial a los asesores -papel que desarrolló Koldo García para José Luis Ábalos- o dotar de mayor independencia a la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que la justicia acaba de obligar a investigar el papel de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa.

«No cumple suficientemente», recoge el documento respecto a España y las directrices de la Quinta Ronda de evaluación, referida a la prevención de la corrupción tanto en los Gobiernos centrales como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la reunión se acordó enviar la misma carta que a España a Malta, Eslovaquia y Dinamarca.

Este demoledor fallo sale del que es ya el tercer informe de seguimiento que el Greco realiza sobre nuestro país, y que fue aprobado en la reunión de junio pero que no fue publicado porque el Gobierno español no lo autorizó. Las normas de esta institución establecen que sus informes solo pueden publicarse con el permiso del país evaluado, por lo que la reunión también incluyó el acuerdo de «invitar» al Ejecutivo español a autorizar la difusión del documento «a la mayor brevedad posible».

Llueve sobre mojado, porque el Ejecutivo ha hecho lo mismo con los otros tres informes precedentes sobre la prevención de la corrupción en el Gobierno central. El de evaluación y recomendaciones fue aprobado en junio de 2019 por el Greco pero no pudo ser publicado hasta diciembre de ese año, con seis meses de retraso; el primer informe de seguimiento ante el incumplimiento de las medidas fue aprobado en septiembre de 2021 pero no se hizo público hasta marzo de 2022, de nuevo un semestre tarde; el segundo informe de seguimiento ante la persistencia de España en el incumplimiento recibió luz verde en diciembre de 2023, pero no se difundió hasta abril de 2025, 16 meses después.

Todos estos retrasos se produjeron porque España no autorizaba las publicaciones como vuelve a hacer ahora con el tercer informe de seguimiento.

A los incumplimientos por parte del Gobierno se une, por tanto, una estrategia de opacidad para intentar que esa situación no se conozca, se difunda lo más tarde posible o en el momento en que pueda hacerle menos daño políticamente. El último bloqueo se produce en un momento en que los escándalos de Ábalos y Cerdán están dando la razón al Greco en que España necesita implementar medidas contundentes para evitar la corrupción en el seno del Gobierno.

Con todo, las malas noticias para el Ejecutivo de Pedro Sánchez no acaban aquí. El Greco no puede cerrar una evaluación a un país mientras no se cumplan al menos dos tercios de las recomendaciones y España está aún muy lejos de conseguirlo. Por ello, la institución también aprobó elaborar un nuevo informe de seguimiento, que será ya el cuarto, para ver si dentro de un nuevo plazo el Gobierno implementa las medidas.

La persistencia del Ejecutivo español en ignorar las recomendaciones en esta materia es llamativa. De hecho, fuentes de la institución resaltan que el resultado de la reunión de junio hubiera sido muy distinto para nuestro país si se hubiera decidido actuar con contundencia frente a la corrupción y hubiera realizado «avances suficientes aunque no fuera un cumplimiento íntegro». En ese caso, se podría haber cerrado la evaluación.

Para los próximos meses, al Gobierno aún le puede tocar encajar otro revés ya que el Greco, en su tarea de evaluación permanente de la corrupción, ha decidido dedicar la Sexta Ronda a examinar las medidas de prevención de esta lacra en los ayuntamientos y órganos de poder regionales. La trama de Santos Cerdán comenzó en Navarra años antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno.

Dentro del Greco, España se encuentra desde diciembre de 2023 en un procedimiento de incumplimiento en prevención de la corrupción y fomento de la integridad en el Gobierno por no seguir las recomendaciones. Y es que la institución le ha dado varias oportunidades al Ejecutivo para que enmiende las carencias del sistema, pero sin éxito. En septiembre de 2021, el Greco aprobó el primer informe de seguimiento concluyendo que nuestro país no había aplicado íntegramente ninguna de las recomendaciones que recibió en junio de 2019. El balance exacto fue que siete de las medidas habían sido implementadas de manera parcial y que las doce restantes se habían ignorado. Tras darle más margen, el Greco realizó y aprobó el segundo informe de seguimiento en diciembre de 2023 concluyendo que España seguía sin aplicar íntegramente ninguna de las recomendaciones. El Gobierno se había conformado con elevar a trece las medidas aplicadas de manera parcial y seguía ignorando completamente otras seis.

Fue entonces, ante un avance tan pobre, cuando el Greco decidió abrir el procedimiento de incumplimiento y dio al Gobierno doce meses de plazo, hasta el 31 de diciembre de 2024 para cumplir con las recomendaciones e informarle sobre las actuaciones adoptadas. El tercer informe de seguimiento es el que ha vuelto a concluir que España sigue, cinco años y medio después, sin poner en marcha las medidas necesarias para prevenir la corrupción en el seno del Gobierno.

La carta que el Greco ha pedido al secretario general del Consejo de Europa que envíe a José Manuel Albares es, precisamente, una de las acciones previstas frente a un estado que incumple. La misiva al ministro se remitirá con copia al jefe de la delegación española y «llamando su atención sobre el incumplimiento de las recomendaciones pertinentes».

Si esta medida no surtiera efecto, la institución puede solicitar al Gobierno español «que reciba una misión de alto nivel (incluidos el presidente y el secretario ejecutivo del Greco, el director general de Derechos Humanos y estado de Derecho y los jefes de delegación seleccionados) con el fin de reforzar la importancia de cumplir con las recomendaciones pertinentes». Por tanto, el Reglamento de la institución no contempla que uno de sus estados miembros pueda librarse de aplicar recomendaciones por la vía de ignorarlas. Cuanto más tarde el Gobierno español en ponerlas en marcha, más elevada será la factura a pagar en términos de imagen y credibilidad frente a la lucha contra la corrupción y, sobre todo, menos entendible resultará su posición tanto dentro como fuera de España en un momento en que le cercan los escándalos