La Justicia abre otro frente contra Sánchez y ordena investigar si hubo conflicto de intereses en su papel en el rescate de Air Europa

Una intervención que no había comenzado cuando salió a la luz la sentencia del TSJM en la que se da la razón al Partido Popular en su enfrentamiento con la OCI, que había archivado en su momento la denuncia de los popularespara que se llevara a cabo una investigación sobre el posible conflicto de intereses en el que habría incurrido Pedro Sánchez por su participación en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron las ayudas a Air Europa durante la pandemia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, «ordena la retroacción de actuaciones a la recepción de la denuncia, para que se practique la investigación procedente sobre los hechos denunciados, y se adopten la conclusiones proceda». Un revés a la decisión de la OCI y también a los informes de la Abogacía del Estado que pedían inadmitir el recurso del PP contra el archivo de la denuncia. «La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid demuestra que la Oficina de Conflictos de Intereses no ha ejercido sus funciones en un caso que afecta al comportamiento del presidente del Gobierno. Un caso de extrema gravedad dado que hablamos de un conflicto de intereses que afectaría al presidente del Gobierno, quien no se habría ausentado o inhibido en las decisiones del Consejo de Ministros que afectaban a Air Europa y otras empresas del grupo», explica a ABC Cuca Gamarra, secretaria general del PP y una de las denunciantes.

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En Génova, había este miércoles satisfacción por la decisión judicial, que «supone un nuevo varapalo judicial para el Gobierno, de quien depende la OCI, un organismo que ha incurrido él mismo en un conflicto de intereses, pues ha confundido el interés de Pedro Sánchez con el que debería tener cualquier ejecutivo en la limpieza y la transparencia, especialmente en lo referido al destino del dinero público», señalan fuentes del PP.

La primera denuncia del PP se produjo el 13 de marzo de 2024, días después de conocerse las primeras informaciones que relacionaban a Begoña Gómez, mujer de Sánchez, con los dirigentes de Air Europa, que luego derivaron en la imputación de ésta por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Solo cuatro días después, el archivo de la denuncia de la OCIse desvelaba durante la rueda de prensa de Esther Peña en Ferraz –aunque la resolución oficial no le llegó al PPhasta el día siguiente–, lo que provocó el malestar de Génova al entender que el archivo había estado dirigido desde la Moncloa.

La displicencia con la que la OCI había tratado el tema, sin practicar apenas diligencias para esclarecer el supuesto conflicto de intereses, invitó a Génova a alargar el conflicto, agotando todas las vías administrativas antes de recurrir a la justicia ordinaria, algo que ocurrió bien entrado ya el mes de mayo. «Sánchez quiso liquidar este asunto con un simple correo electrónico desde el ministerio de Félix Bolaños al Ministerio de María Jesús Montero diciendo que todo estaba bien y ahora la Justicia enmienda aquellas actuaciones», apuntan a ABC fuentes del PP.

La sentencia detalla esa inacción de la Oficina de Conflictos de Intereses, al señalar que «los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación, y el hecho de que se especifique en el informe que no existe relación laboral o profesional que implique dirección o asesoramiento no es suficiente, pues los hechos denunciados son más complejos y requieren examinar otros aspectos. Se insiste en que nada consta como soporte al contenido del informe que se limita a negar relación alguna de la esposa del presidente con los hechos».

En su momento, el PP se quejó de que, más allá del archivo de la denuncia, la OCI no había llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas en el artículo 19.5 de la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en la que se recoge que «la Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar la información, los ficheros, archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las Administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones». El informe con el que se despachó la denuncia apenas recogía que «la cónyuge del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades», en referencia a Air Europa, aunque informaciones publicadas meses después dejaron entrever una relación estrecha entre Begoña Gómez y los responsables de Air Europa.

En concreto, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil recogía un mensaje de Víctor de Aldama a Koldo García en el que decía que Javier Hidalgo –entonces CEOde la aerolínea– «se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña». Comunicación que se produjo pocas semanas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Air Europa.

Vista la sentencia, Gamarra explica a ABC que exigen «a la OCI que cumpla su obligación de investigar los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno en vez de comportarse como un muro de contención para proteger a Pedro Sánchez. Desde el PP vamos a seguir controlando este proceso».