El Gobierno prepara ahora una reforma legal para 'colar' jueces afines

Lo más alarmante para la carrera judicial, según las primeras reacciones recabadas por ABC, es que el Gobierno también pretende colar por dicha vía o por «la otra puerta», como llegó a afirmar ayer el ministro, a jueces sustitutos o suplentes apelando a un requerimiento de la Comisión Europea que no es tan específico como planteó.

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Juan Casillas Bayo

Bolaños trasladó que en este momento hay 913 jueces y 290 fiscales con carácter de sustitutos y «la Comisión Europea nos obliga a regular el empleo temporal», afirmó en referencia a dos informes de julio y octubre de este año. Fuentes de la carrera judicial consultadas por este periódico consideran que cambiar a casi el 20% de la carrera judicial —el porcentaje del total que suponen estos jueces sustitutos— por el cuarto turno es «peligroso». Primero, porque supone un agravio comparativo respecto a quienes llevan años preparándose la oposición para acceder a la carrera judicial y segundo, porque implica una rebaja de las exigencias en el mérito y la capacidad para otros juristas que pretenden acceder también por el cuarto turno en condiciones normales, sin la urgencia planteada en el caso de los suplentes. Este es el asunto más crítico de la reforma legal anunciada por el Ejecutivo y contra el que las asociaciones judiciales pretenden plantar batalla.

El anteproyecto de ley es resultado, según incidió Bolaños, del trabajo del Gobierno de coalición en su conjunto. No en vano, los socios de Sumar ya llevaron al Congreso en junio una proposición de ley para acabar con el sistema actual de acceso a la carrera judicial instando a que se pudiera acceder a ésta sin aprobar la oposición.

La reforma anunciada ayer por Bolaños no atiende las principales propuestas del partido de Yolanda Díaz, pero plantea cambios que van contra los fundamentos del acceso a la carrera judicial español y que los jueces perciben como una manera de «pervertirlo».

El ministro anunció que Justicia creará un centro público de preparación de oposiciones en el Centro de Estudios Jurídicos (situado en la Universidad Complutense de Madrid) con delegaciones en distintas provincias, así como que obligará a que se publique un listado con los nombres de todos los preparadores a oposiciones, lo que para la carrera supone poner en duda su labor, pues para ejercer como preparador ya es necesario recabar la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, jueces consultados se preguntan: «¿Y cómo se va a seleccionar a los jueces y magistrados que van a ser preparadores en el Centro de Estudios Jurídicos? ¿Va a haber otra nueva oposición para ser preparador o van a meter a dedo a quien les de la gana?». También preocupa si tras esta preparación «pública» se esconde una intención de «ideologizar» a la carrera.

El ministro avanzó un programa de becas anuales para ampliar el número de beneficiarios y el importe otorgado, que ahora es de 8.000 euros anuales, para que pase a ser mensual y por el valor del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante cuatro años. El objetivo, según Bolaños, es que puedan «prepararse con independencia de la renta de su familia». Las fuentes judiciales consultadas se alegran del aumento de las becas pero insisten en que los prejuicios sobre la carrera judicial, hacia la que el Gobierno afirma querer dotar de mayor «pluralidad», son inciertas e injustas.

Precisamente ayer el CGPJ hizo público que de los 137 jueces que acaban de recibir sus despachos en la 73 promoción de la carrera judicial, el 67% son mujeres y el 34% de ellos «proceden de familias en las que no había ningún miembro con estudios superiores», así como que siete de cada diez «no tiene allegados que ejerzan o hayan ejercido profesiones jurídicas».

El ministro encuadró todas las medidas anunciadas en la intención de «adecuar» la actividad de la carrera judicial al siglo XXI y de ahí que reformen la ley del Poder Judicial que «no se ha tocado desde 1985», afirmó.

Otra de las medidas de calado que anunció fue el establecimiento de una prueba escrita en la oposición libre, además de la oral y el tipo test, argumentando que «la realidad del trabajo de los jueces sobre todo es escribir y razonar en derecho y no hay ninguna prueba en la oposición que lo valore». Este aspecto no es uno de los más criticados por la carrera, aunque las fuentes consultadas consideran que no era necesario un cambio y con un examen escrito existe más peligro de «filtraciones».

El ministro de Justicia avanzó dos puntos de la reforma que fueron entendidas como una intromisión en el funcionamiento de la carrera judicial.

La norma introducirá a las Cortes en el proceso de elección de los miembros de la Comisión Ética Judicial, organismo que orienta a la carrera en términos deontológicos. Ahora está compuesto por seis miembros de la carrera nombrados directamente por los jueces y la intención del Ejecutivo es ampliarlo a nueve para que cinco sean elegidos por la carrera judicial y cuatro, por el Congreso y el Senado.

Por último, el Gobierno impedirá la «financiación privada» para las asociaciones judiciales, que en realidad sólo reciben una mínima parte de su presupuesto en forma de colaboraciones de distintas entidades para financiar cursos de formación, puesto que la mayoría de sus ingresos proceden de cuotas de afiliados y las subvenciones del Consejo General del Poder Judicial.